Los opositores del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y su proyecto de nación tuvieron laoportunidad, el pasado domingo 10 de Abril 2022, de demostrar su fuerza, votando por la revocación de mandato del jefe de Estado, en la primera consulta popular en la historia del país. Sin embargo, sólo un escaso 6.4 por ciento de ellos acudió a las urnas. La Oposición dejó pasar la ocasión, cobijada en la falacia de que el abstencionismo electoral es una forma de participación, sin entender que la democracia es obligatoriamente participativa y cualquier otra componenda política es mera simulación.
Así que no fue sorpresa que el 91.8 por ciento de los participantes eligiera que el presidente continúe en su cargo hasta el final de su periodo, ya que los ciudadanos más interesados en el proceso fueron los que han acompañado por veinte años al político tabasqueño en su proyecto de transformación política del Estado mexicano.
No obstante, el hecho de que la participación total de los electores fuera apenas del 17.77 por ciento del padrón (y que no se cubriera el porcentaje mínimo requerido del 40 por ciento de los votantes para que una eventual Revocación de Mandato se cumpliera), se usó como punta de lanza de los militantes de la Ultraderecha, así como de sus secuaces enquistados en los poderes fácticos, para denostar este incipiente ejercicio de participación democrática.
Las huestes opositoras a López Obrador, a pesar de que antes, durante y después de la consulta popular se dedicaron a abonar desinformación para un sector de la población que toma decisiones basado en prejuicios políticos y sociales elaborados desde los medios de comunicación corporativos y por los trolls o bots de redes sociales, no tuvieron la capacidad de usar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para lograr la destitución del mandatario por la que han hecho ruido desde la llegada de éste a Palacio Nacional.
La Oposición, incluidos los partidos políticos antagónicos al presidente, está catequizada para operar golpes blandos de Estado y campañas sucias de desestabilización política; pero -al parecer- no para actuar dentro de las reglas del juego democrático, y por eso no entendió que la consulta popular de revocación de mandato tenía como destinatarios a los mexicanos que de manera sistemática se han dedicado a vilipendiar el proyecto de nación y la administración del líder izquierdista.
Si hubiesen votado masivamente, con suerte tal vez — ¿quizá? — López Obrador hubiera tenido que dejar el gobierno... Mas al no entender de qué se trata la democracia, los mexicanos abstencionistas se quedaron en su círculo vicioso de quejas, resentimiento social, incomprensión del momento histórico que les ha tocado vivir; pero, sobre todo, capados políticamente por los grupos mafiosos que no quieren bajo ninguna circunstancia a una ciudadanía racional y activa.
Así, las redes sociales hoy convertidas en gran medida en altavoz de una Vox Populi con alto nivel de analfabetismo político, de una Opinión Pública que termina siendo eco de los distintos grupos de poder, volvieron a polarizarse en una guerra de cifras sobre el ejercicio de consulta ciudadana donde, al final, cada quien vio lo que quiso ver y no se aportó nada relevante para México.
Los datos duros dicen que 16 millones y medio de mexicanos acudieron a manifestar su opinión sobre la administración de López Obrador, lo que representa el 38 por ciento de quienes participaron en la elección intermedia de 2021 para renovar el Congreso; pero también es alrededor de cuatro veces la participación del electorado de la capital mexicana en ese mismo proceso.
Está de más volver aquí sobre otras estadísticas que se han manejado entre los comentaristas del proceso, pues si bien son interesantes como aquella que indica que en la reciente consulta popular hubo más votantes que el número de sufragios que oficialmente obtuvo Felipe Calderón para asumir, en 2006, la presidencia de la República; no reflejan la trascendencia de un ejercicio que se llevó a cabo a pesar de múltiples obstáculos que la ciudadanía tuvo que sortear para dar un paso más hacia un sistema plenamente democrático, contra los restos del viejo régimen, esa “dictadura perfecta” que se niega a morir.
Los participantes de la consulta debieron enfrentar retos que por momentos parecían insalvables, como el sinuoso proceso de recolección de firmas ciudadanas, correspondientes al 3 por ciento de la lista nominal de electores en cada uno de por lo menos 17 estados de la república y que la suma total de esas firmas equivaliese mínimo al 3 por ciento de todo el padrón nacional.
#TenganParaQueAprendan pic.twitter.com/BYJfXSCDlW
— epigmenio ibarra (@epigmenioibarra) April 11, 2022
También superaron la prohibición de promoción de la consulta por personas o entes distintos al Instituto Nacional Electoral (INE); y que la consulta se llevara a cabo fuera de los tiempos electorales, con apenas un tercio de las casillas que corresponden a una elección normal.
Igualmente vencieron el inconveniente de que se hiciera en un domingo de periodo vacacional y con escasa difusión debido a restricciones presupuestales por parte de la autoridad electoral; aparte de tener que ignorar el cúmulo de infundios sobre el ejercicio democrático que se vertió en medios corporativos por la ultraderecha opositora al régimen de López Obrador.
La consulta no alteró la estructura del actual gobierno, como podría haber sucedido si los opositores de López Obrador tuviesen un apoyo electoral sólido, y es probable que, por ese motivo, en los años por venir, insistan en sus campañas de golpes blandos de Estado.
Empero, el ejercicio de participación ciudadana dejó importantes lecciones que deberán analizarse antes de que llegue el fin del sexenio, tales como la necesidad de que la población politizada se enfoque más en el desarrollo de campañas educativas que destaquen las virtudes de la democracia participativa y se acote de este modo la capacidad de acción de los grupos desestabilizadores del nuevo orden, que, enconados ante el avance de las prácticas democráticas, se alejan paulatinamente del poder que tuvieron durante más de tres décadas.
Esta vez, a modo de prueba y error, no se logró alcanzar la meta de participación; pero es evidente que en México se ha comenzado un proceso revolucionario ciudadano, que apegado a la vía legal, usando los recursos constitucionales, sin violencia y respetuoso de las reglas de la democracia, podría en el futuro cercano construir una nación más politizada, menos corrupta y donde las decisiones importantes se tomen colectivamente en pro del bien común.
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