La entrega de recursos financieros del Estado a los medios de comunicación vía publicidad e inserciones pagadas es un asunto polémico y un arma de dos filos. Si se plantea que los medios de comunicación son el cuarto poder del Estado y que los otros poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) requieren divulgar información a través de los medios, entonces el gasto en difusión resulta obligado para los gobiernos; pero si el uso o restricción del dinero de los contribuyentes fiscales se convierte en instrumento de manipulación informativa o abierta censura sobre quienes tienen la función de informar y analizar la realidad, se trastocan valores elementales de la democracia.
De siempre, en México, la relación entre gobiernos y medios de comunicación invariablemente ha estado sujeta a los vaivenes del uso y abuso de los gastos de publicidad. Funcionarios en turno y grupos políticos premian o castigan a los dueños de los medios de comunicación, según el nivel de apoyo o crítica que muestren en la información difundida a la Opinión Pública.
Por lo menos desde los años 70s del siglo XX, se ha dado una larga lista de medios de comunicación mexicanos sobre los que se ha ejercido censura a través de la publicidad oficial y la alternancia partidista que se acentuó a partir del año 2000 no ha evidenciado cambios sustanciales en el manejo de publicidad gubernamental.
Más aún, varios periodistas denuncian que los gobiernos vinculados con la clase empresarial extienden su poder más allá del ámbito político y aplican boicots publicitarios a los medios que critican su desempeño. Esto golpea de manera especial a los medios impresos.
Es bien sabido que estos atraviesan por una gran crisis causada por su dificultad para competir con los medios online, por la disminución de su público lector empobrecido por la recesión financiera global acentuada en el último año y por los recortes de las empresas en publicidad.
En ese entorno, muchos diarios y revistas en México han quedado a merced de la buena o mala voluntad de los gobiernos para asignar publicidad oficial. Uno de los casos más recientes de censura basada en boicots publicitarios es la revista Forum, que publica el periodista Eduardo Ibarra Aguirre en la Ciudad de México desde hace 18 años y que a principios de Septiembre sólo apareció en su versión online ante la falta de recursos financieros para sacar a la luz su tradicional edición impresa.
Desde luego, el editor y los colaboradores de Forum reclaman la discrecionalidad con la que el gobierno federal asigna recursos publicitarios a los medios de comunicación; pero también salta a la vista un dilema que debe ser discutido ampliamente, tanto por los periodistas como por la ciudadanía que exige medios de comunicación indepedientes y objetivos. En algunos países hay diarios, revistas, webzines, programas radiofónicos y de televisión patrocinados por el público bajo esquemas sin fines de lucro; pero en México, donde la cultura de la información está enraizada en un minúsculo segmento de la clase media ilustrada, actualmente en franco deterioro económico, el reto de mantener publicaciones que cumplan con una función informativa de tipo social es avasallante.
Todos debemos tener presente que la crítica periodística es uno de los pilares de la democracia y es una válvula de escape y desactivación de conflictos sociales. Así que cerrar los espacios de libre expresión genera mayor animadversión contra los gobiernos censores y pone en riesgo la estabilidad democrática.
La desaparición de medios impresos y su refugio en la web no resuelve problemas de fondo porque todavía hay segmentos poblacionales que no están en la red y que, sin embargo, han sido consumidores tradicionales de diarios y revistas.
Aparte, resulta un severo golpe a todos los sectores productivos relacionados con la industria editorial y de las artes gráficas, que no se puede desaparecer por decreto en un entorno económico recesivo.
Ante este panorama, periodistas y ciudadanos estamos obligados a encontrar nuevas estrategias de financiamiento de los medios de comunicación para evitar su desaparición por falta de dinero o la autocensura por temor a perder las fuentes de ingreso. Los Estados, por otro lado, deben reglamentar de manera clara y transparente la asignación de recursos para publicidad oficial.