Si un político mexicano ocupa dos veces seguidas un espacio en mis reflexiones críticas sobre el clima de libertad de expresión en la aldea global, definitivamente puede estar en vías convertirse en “suspirante incómodo” de la carrera del cambio presidencial que cada sexenio se adelanta más y más como una consecuencia directamente proporcional a la debilidad política-administrativa de los protagonistas del momento.
Por lo pronto el caso que salta a la vista es el del gobernador príista de Veracruz, Fidel Herrera, quien en plena campaña para la realización de las elecciones intermedias en México, con el apoyo del Instituto Federal Electoral (IFE) y una empresa discográfica, EMI Music, volvió a dar la “nota de color” en materia de libertad de expresión para este blog al imponer la censura en YouTube de una video-parodia de la canción que interpreta Gael García en el filme Rudo y Cursi, que expone al gobernador veracruzano como un funcionario corrupto.
Suponiendo sin conceder, que el video presuntamente anónimo que ya circuló vastamente en la red — y no sólo en YouTube — es un libelo animado para desprestigiar al gobernador de reconocidas aspiraciones presidencialistas, lo coherente hubiese sido que el propio gobernador, o en su defecto, la institución gubernamental veracruzana, presentaran una demanda por difamación contra quien resultara responsable.
El gobierno de Herrera acusa al partido oficial, Acción Nacional, de ser autor intelectual y material de la video-parodia; pero hasta ahora no hay evidencias fehacientes de quién lo hizo. La video-parodia fue bloqueada en YouTube hace varios días. YouTube informó a los visitantes de su sitio web que EMI Music, propietaria de los derechos de la música de Rudo y Cursi había emitido una queja por el uso de la canción sin permiso de los autores.
El IFE, en México, dijo que había solicitado la remoción del video por contravenir la legislación electoral. Sin embargo, como es usual en la red, el video ahora está disponible en cientos de sitios web, alentando una polémica entre los cibernautas, en la que los grandes perdedores políticos han sido Herrera y el IFE, pues sin una orden judicial de por medio que justifique con evidencias la censura de la video-parodia, el gobernador y la institución electoral mexicana han sido equiparados con gobiernos como el chino o los de Cuba, Egipto, Irán, Corea del Norte, Arabia Saudita y otra veintena que espían, censuran y controlan lo que se divulga en la Internet.
Resulta paradójico que en un país que se ufana de haber consolidado una democracia con alternancia partidista, amplio debate público y apertura informativa, las instituciones electorales se pongan al servicio de intereses políticos particulares que, en todo caso, deben dirimirse en una corte como parte de un ejercicio democrático saludable.
Si el gobernador Herrera ha sido difamado, entonces quienes pudieran haber cometido este presunto delito deberían ser sancionados. Pero si quien hizo la video-parodia está narrando hechos que podrían ser reales, entonces también ahí las autoridades mexicanas deben someter a revisión la gestión de Herrera al frente del gobierno de Veracruz y sancionarlo legalmente si fuera necesario o limpiar jurídicamente su reputación política.
A final de cuentas, los cibernautas no son televidentes pasivos, sino que conforman en su mayoría grupos ciudadanos críticos y participativos que han encontrado en la red un modo de hacer democracia a su manera, quizá la más libre posible en más de dos siglos.
Es lo que se prevé será la democracia del siglo XXI y si los políticos mexicanos persisten en trasladar el statu quo censor de la expresión pública (“lo que no se ve no existe”) de la televisión a la Internet, el golpe a la democracia será directo y frontal, con consecuencias impredecibles.
El gobernador Herrera, político hecho a la antigua usanza priísta, tiene por su parte que aprender a aceptar que la democracia se construye con lo que opina ahora, no sólo el “hombre de la calle”, sino los navegantes de la red que analizan, comentan y juzgan los temas que interesan a la sociedad.
Es su responsabilidad como funcionario público demostrar con pruebas que se le está dañando con fines políticos, porque la censura — según se lee en los comentarios de los cibernautas en muchos foros de opinión — deja en la Opinión Pública la idea de que intenta esconder algo.
Artículo publicado originalmente en “Anecdotario Periodístico” de Reporteros Sin Fronteras