Hacer seguimiento de la información relacionada con las violaciones a la libertad de expresión y el derecho a la información resulta más difícil de lo que uno pueda imaginarse, porque diariamente hay cientos de casos para ser analizados y monitoreados. Unos son trágicos e indignantes como el reciente asesinato del periodista de la televisión guatemalteca Rolando Santis. Otros, son inquietantes por la carga de censura y discriminación que conllevan, sobre todo si los incidentes están relacionados con figuras de autoridad.
Este ha sido el caso del gobernador del estado mexicano de Veracruz, Fidel Herrera, quien afirmó recientemente que la publicación en los medios de comunicación sobre la violencia contra las mujeres es “apología” de ese delito y, por lo tanto, incitaría a quienes ven, oyen o escuchan las noticias a violentar a las mujeres.
El mandatario estatal incluso invocó una ley local que se refiere al papel de los medios de comunicación para evitar la violencia de género. ¿Qué clase de democracia puede ser la que cree que la “omertà” (término del siglo dieciseis para designar un código de silencio dentro de la Cosa Nostra) es la solución a los males de la sociedad? ¿O es que se pretende aplicar el ridículo principio “new age” de que hay que ignorar algo para que no exista?
Pareciera que el Congreso y el gobierno del estado mexicano de Veracruz han olvidado la diferencia entre periodismo y reality show, al pretender medir con la misma vara a quienes hacen una labor de denuncia social y quienes explotan el morbo que genera la nota roja.
La vida democrática tiene uno de sus pilares en el binomio de libertad de expresión y derecho a la información, y por lo tanto no puede haber más restricciones al respecto que los principios éticos de veracidad y objetividad. Si se demuestra que alguien miente, se le debe sancionar; pero solamente los regímenes totalitarios controlan qué información puede circular y cómo se va a difundir.
Vale aquí recordar que los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez se redujeron significativamente cuando los periodistas -por cierto en su gran mayoría mujeres periodistas de varios países- comenzaron a indagar ahí donde las autoridades judiciales no se atrevían a investigar.
¿Es el silencio el modo veracruzano de fomentar la equidad de género y la dignificación de las mujeres? ¿El silencio fortalece los derechos humanos?
Según el gobernador Herrera, “la divulgación de eventos traumáticos” sirve “sólo como ejemplo para que quienes no los practican los puedan practicar”; pero se le olvida que el único aliciente de la criminalidad es la impunidad y en las sociedades donde las leyes se aplican correctamente y los delitos tienen un castigo, no hay espacio para la ilegalidad.
La paradoja del gobierno y el Congreso veracruzano al emitir su fracción octava del artículo 7 de la “Ley 235” que prohibe la difusión de información relacionada con la violencia de género es en sí misma un acto de violencia de género, pues de manera indirecta impide la denuncia pública de actos violentos en contra de las mujeres.
El gobernador de Veracruz -como dicen los psiquiatras- me retrotrajo a mis tiempos de estudiante universitaria, cuando en una clase de Teorías de los Medios de Comunicación, los estudiantes sostuvimos un debate sobre las violaciones del derecho a la información por parte de quienes tienen en sus manos el deber de informar con la verdad, sean autoridades o sean medios de comunicación. Nosotros mismos etiquetamos las violaciones del derecho a la información como la “Ley de la Cruz de Navajas”, en alusión a aquella canción del grupo español Mecano que refiere textualmente:
“Sobre Mario de bruces tres cruces;
una en la frente, la que más dolió.
Otra en el pecho, la que le mató;
y otra miente en el noticiero…”
Artículo publicado originalmente en “Anecdotario Periodístico” de Reporteros Sin Fronteras