Inquietante, por decir lo menos, resulta la noticia de que el gobierno australiano ha comenzado a bloquear sitios web que no se ajustan a la moral cristiana, en medio de una política poco transparente de combate a la ciber-delincuencia.
Según lo que consignó recientemente una organización no gubernamental denominada Wikileaks, autoridades de la mencionada nación del Pacífico Sur están impidiendo el acceso de los cibernautas locales a sitios que los funcionarios consideran “impropios”, so pretexto de la persecución internacional de delitos como la pornografía infantil y el terrorismo.
El gobierno australiano ha reconocido que, al estilo chino, está exigiendo a los proveedores de servicios de Internet instalar un sofware que permite espiar la cibernavegación de los ciudadanos y bloquear los contenidos de sitios web dentro y fuera del territorio de Australia. Empero, el escándalo internacional se detonó cuando se conoció que el sitio web de una dentista que había sido hackeado meses antes estaba en una lista negra que incluía no sólo a auténticos delincuentes, sino también los websites de organizaciones políticas y relgiosas de minorías, de defensa de la comunidad homosexual e incluso de organizaciones médicas.
Wikileaks y grupos defensores de la libertad de expresión alrededor del mundo cuestionan el método con que se pretenden combatir los ciberdelitos, pues las consideraciones morales de funcionarios, más que un rigor jurídico amenazan no sólo la libertad de expresión de grupos minoritarios e individuos que utilizan la red de redes para comunicar los asuntos de su interés a un público bien identificado, sino que también se atenta contra el derecho a la información, como es el caso de quienes buscan información sobre temas de salud sexual y, a pesar de pagar el servicio de Internet, no pueden navegar en los sitios con contenidos relativos solamente porque las autoridades no establecieron criterios definidos para detectar los verdaderos espacios de criminalidad.
El temor de la sociedad global es que el caso australiano siente precedente y la cibercensura en nombre del combate a la delincuencia se enquiste en otros lugares. Finalmente, el bloqueo de sitios web a los usuarios de los servicios de Internet no resuelve el gravísimo problema de las redes de pornografía infantil que, en realidad están asociadas a redes de trata de personas y que seguirán operando fuera del mundo virtual si no hay un compromiso internacional de desarticulación de mafias que roban a los niños en las calles.
Taparle los ojos a los pervertidos no impedirá que la delincuencia continúe operando y, en cambio, censurar la diversidad de ideas en la red es un mal presagio para las democracias.