Cuentan los que saben, que el poeta y periodista Javier Sicilia, cuyo hijo fue asesinado a principios de este año en circunstancias todavía no aclaradas, y esta circunstancia lo llevó a encabezar un movimiento por el retorno a la paz cívica en México, quebrantada por una política gubernamental de exterminio del narcotráfico y otros delitos asociados a esa industria ilegal, pidió al presidente Felipe Calderón un diálogo en el que no estuviera presente el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna.
García Luna, antiguo agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), principal agencia de espionaje del gobierno mexicano, que desde finales de los noventas tuvo un ascenso vertiginoso en el ámbito policíaco federal, ha sido acusado en reiteradas ocasiones de mantener un doble juego, por el que, presuntamente, estaría utilizando el presupuesto público de Seguridad Pública, no para combatir a la llamada “delincuencia organizada”, sino para eliminar a los competidores de un nebuloso cártel delictivo “oficial” al que, en el mejor de los casos, le estaría brindando protección.
Y en este tenor se acusa a García Luna de dejar que sus muchachos, los policías federales, en nombre de la lucha contra el narco, cometan tropelías y graves violaciones a los derechos de la ciudadanía a la que se supone están para proteger.
Ante la duda y la sospecha, o ante acusaciones directas de víctimas de la lucha contra el narcotráfico en el grupo de ciudadanos encabezados por Sicilia, se solicitó al presidente Calderón una conversación en la que no estuviera presente el secretario García Luna; pero la petición, tal vez exigencia, de los participantes del diálogo contra la violencia, no se cumplió.
No obstante, Calderón escuchó y aunque es probable que no tome en cuenta los reclamos ciudadanos, por lo menos las víctimas representadas por Sicilia y las decenas que lo acompañaron a levantar su voz en el Castillo de Chapultepec estuvieron presentes (entiendo que el presidente tampoco cumplió con la solicitud de que se hiciera en el Museo Nacional de Antropología e Historia, un lugar más abierto y neutral, por decirlo de algún modo).
Empero, soy pesimista con respecto a la capacidad de diálogo del presidente Calderón, cuando debe enfrentar desacuerdos o, por lo menos, cuestionamientos sobre sus acciones políticas o de administración pública. En alguna ocasión, cuando Calderón era líder de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso, le solicité una entrevista para que fijara las estrategias de largo plazo de su partido sobre una eventual transnacionalización del sector energético mexicano. Con el pretexto de que a las pocas semanas dejó su curul para convertirse en director de Banobras y luego secretario de Energía, no se concretó el encuentro que requería la visión del legislador panista sobre asuntos importantes de la agenda nacional. Desde entonces, cada una o dos semanas lo buscaba con la vocacón religiosa de quien espera un milagro, el milagro de obtener declaraciones sobre la privatización del sector energético a través del esquema de subcontrataciones y otros resquicios legaloides que amenazaban con desmantelar fuentes primarias de ingresos de México.
Sólo cuando Calderón era candidato a la presidencia, conseguí que enviara a su asesor económico Ernesto Cordero a dialogar conmigo; pero aún sigo esperando las respuestas de Calderón sobre el sector energético y las políticas laboral y hacendaria para mis lectores, en su mayoría pequeños empresarios, inversionistas y profesionistas independientes hispanoamericanos que siempre tienen puestos los ojos en lo que acontece en México, ombligo del mundo, para sus proyectos de vida y de negocios.
Sé que mis lectores mexicanos le han concedido a Felipe Calderón, durante casi cinco años, el beneficio de la duda en cuanto a la legitimidad de su gobierno y, habiendo votado por él o no, le han dejado actuar en la esperanza de que el país logre remontar las crisis perpetuas de desarrollo que han empobrecido a la nación en todos los sentidos; sin embargo, al discurso reciclado recurrente del mandatario y sus funcionarios que contrasta con la realidad socioeconómica de los ciudadanos -emprendedores y trabajadores por igual- ahora se agregan las ominosas promesas rotas de una paz próspera y justa.
Desafortunadamente yo no creo que Felipe Calderón vaya a dar una respuesta satisfactoria a las víctimas de su lucha contra el narcotráfico porque no fueron ellas las que lo llevaron a la presidencia de la república. Él, como todo político alineado al establishment, se guía por el mantra de que “la intención es lo que cuenta” y en el saldo final de su sexenio rojo, que sirve de parapeto al desmantelamiento del Estado y sus principales recursos operativos (sector energético y laboral en primera instancia), dirá que hizo su mejor esfuerzo y que se atendrá al juicio de la Historia, pues, ¡qué más! la (buena) intención es lo que cuenta siempre. <<>>
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