La ley SB1070 de Arizona no es sólo antiinmigrante, es simplemente discriminatoria, lo que implica una abierta violación a los derechos de los ciudadanos americanos. Los migrantes indocumentados en cualquier lugar del mundo cometen una falta que los países pueden sancionar como mejor consideren, respetando los derechos humanos; pero la SB1070 se va contra los “sospechosos” de ser migrantes indocumentados. En realidad los que deben preocuparse no son los indocumentados, sino los ciudadanos y residentes legales en el estado de Arizona que si -de acuerdo al criterio de un policía de barrio- tienen pinta de “aliens”, entonces corren el peligro de ser detenidos arbitrariamente.
Los latinos, dentro y fuera de la Unión Americana, dan por hecho que la ley tiene una dedicatoria racista contra los inmigrantes ilegales provenientes del sur del Río Bravo, lo que convierte a la susodicha SB1070 en una “ley ilegal” a todas luces, pero también resulta un sin sentido jurídico que simplemente no puede ser aplicado sin que la autoridad que la ejecute caiga en delito.
En los Estados Unidos viven y trabajan alrededor de 12 millones de inmigrantes indocumentados; pero lo mismo provienen de México, que de China, Rusia, India, Europa del Este, España y el África subsahariana, igual que los millones de inmigrantes que entraron al país con una visa de residencia y trabajo o estudio. ¿Qué diferencia, más allá de los papeles, a unos y otros?
Mejor aún: ¿Es posible distinguir sólo por la apariencia a un ciudadano nacido en los Estados Unidos y a un inmigrante sin papeles? Datos oficiales revelan que tres de cada cinco inmigrantes indocumentados que viven en los Estados Unidos de América entraron al país con una visa expedida por el gobierno federal.
Es historia ya conocida que el terror creado alrededor de la inmigración ilegal en Estados Unidos sólo favorece a los empresarios locales que evaden impuestos, prestaciones y salarios al contratar a personas que por su calidad migratoria se convierten en desechables. Y en esa dinámica, una vez más, la intención es lo que cuenta y en el juego racista que tanto gusta desde el siglo XIX a un gran número de conservadores del sur de los Estados Unidos, la ley SB1070 de Arizona es un balazo al propio pie del tirador.
Quienes realmente están en peligro son los nacionales estadounidenses. La SB1070 viola los derechos humanos de los nacidos en el país y tal vez esa ley, de paso, tenga alguna jiribilla asociada al objetivo de abaratar costos laborales con base en la apariencia de las personas.
Por lo que respecta a los llamados “ilegales”, estos viven y vivirán siempre entre la angustia interminable de la deportación y la esperanza de la amnistía que los convierta en ciudadanos americanos y les dé lo que los gobiernos de sus países de origen no les dieron.
Por eso, la posición del gobierno mexicano, desgarrándose las vestiduras ante de la Ley SB1070, es patética; porque no debería haber mexicanos padeciendo los infortunios de la inmigración ilegal si el Estado les diera la oportunidad de vivir y trabajar dignamente; y en el último de los casos, ¿por qué después de 16 años, la administración federal mexicana no ha sentado a sus contrapartes en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte para poner orden en el proceso de migración entre los tres integrantes (Canadá, Estados Unidos y México? <<>>