Anecdotario Periodístico

Anecdotario Periodístico ~ Cálamo&Alquimia®

  • Trolls Ultraderechistas

    Aquella promesa de las redes sociales de erigirse en la plaza pública virtual de la democracia global se ha ido destruyendo poco a poco, con la llegada de las legiones de trolls ultraderechistas que no solamente apoyan la agenda de los grandes capitales globalizadores, sino que buscan intimidar, como golpeadores virtuales de las mafias, a los netizens o ciudadanos cibernáuticos que manifiestan libremente sus ideas políticas o que en pro de la democracia en la web, tratan de acabar con la hoy denominada desinfodemia de los medios corporativos y sus socios financieros. El mundo ha ido dando, paulatinamente, la espalda al neoliberalismo; por lo que los depredadores políticos y económicos tratan de adaptarse al entorno virtual y aniquilar cualquier vestigio de la web del conocimiento, para sustituirla por una web comercial donde la capacidad de vigilancia y control social del Gran Hermano imaginada por George Orwell resulta un juego de niños. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) advirtió recientemente que la naturaleza opaca de los algoritmos utilizados por las redes sociales para crear tendencias favorece la diseminación de los discursos de odio y las mentiras que tienen como propósito crear un ambiente de violencia, división social y desestabilización de las democracias. “Los daños resultantes del discurso de odio pueden ubicarse a nivel de individuos (en forma de daño psicológico), grupos y comunidades [o] sociedad [en general] (en forma de erosión de derechos y bienes públicos)”, asegura un estudio sobre el tema, elaborado en 2021 por el Oxford Internet Institute y la Oficina para la Libertad de Expresión y la Seguridad de los Periodistas de la UNESCO. “El discurso de odio online no es intrínsecamente diferente del discurso de odio fuera de la Internet —refiere el citado estudio—. Sin embargo, difiere en la naturaleza de las interacciones en las que tiene lugar u ocurre, así como en el uso y difusión de palabras específicas, acusaciones y teorías de conspiración que pueden evolucionar, alcanzar su punto máximo y desvanecerse muy rápidamente (…)” o permanecer por tiempo indefinido en la Internet como un mensaje subliminal que permea ciertas capas de la sociedad, para materializarse en acciones de odio y discriminación en contextos ajenos a la Internet. Uno de los grandes peligros que entrañan los discursos de odio y mentiras es la paradójica demanda social de imponer restricciones a la libertad de expresión, para contener las incitaciones a la confrontación y la probabilidad de daño en el seno de la propia sociedad. Lo que publico a continuación es una anécdota con moraleja sobre cómo operan los trolls de la ultraderecha en Iberoamérica, que, parece, tienen el objetivo de derribar a la incipiente democracia que se vive en la región, a golpe de auténticos lavados de cerebro desde las mismísimas redes sociales. Todo comenzó luego del anuncio de Citigroup, el pasado 11 de Enero 2022, sobre la venta de su negocio de banca de consumo y empresarial vía Banamex, el banco más antiguo del México moderno. Yo buscaba en Twitter a potenciales analistas del tema y el sistema de la red social me sugirió por obra de su algoritmo de dudosa calidad, el tuit fresquecito que aparece al lado derecho de este texto, de una persona de nombre Oscar Garza Bello, que usa como foto de perfil el rostro de un niño. (¿?) En ese momento ya circulaba el comunicado de Citigroup en el que se aclaraba que el corporativo seguiría en el mercado mexicano a través de su franquicia Citi Private Bank. Así que no pude evitar un retuit irónico del mensaje apocalíptico que alude a una “SEÑAL GIGANTE (sic) de que los empresarios extranjeros YA NO QUIEREN INVERTIR EN MÉXICO (super-sic)”, para dar pie a un comentario destinado a mis seguidores, enfatizando que las causas de la salida de Citigroup del mercado bancario minorista eran otras ajenas a una fuga de capitales, de acuerdo a lo que informaban sendas notas de Forbes y Reuters. Lo que pasó más adelante fue un caso típico de troleo ideológico por parte de quien resultó ser uno de los peones de la ultraderecha iberoamericana, cuya función, de acuerdo con los contenidos que difunde, es incitar a un Golpe de Estado contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, además de adoctrinar al estilo de las sectas, a sus seguidores sobre las hipotéticas virtudes del capitalismo salvaje, al tiempo que trata de desacreditar toda información que desarticule o, por lo menos, ponga en duda el discurso de miedo, odio o mentiras de la gente para la que opera. El tuitero con el que topé, porque el algoritmo de Twitter lo puso en mi búsqueda cibernáutica, se enfrascó en un intercambio de palabras involuntario de mi parte, pues recordemos que en esa red social quien retuitea no busca interactuar con el autor del mensaje, sino compartirlo o usarlo como referencia para un comentario propio. Empero, la persona tras el nombre de Oscar Garza Bello pasó rápidamente de tratar de desvirtuar la información que contenía mi tuit sobre los motivos de la venta de Banamex, con expresiones tales como que yo era una “mocosa” que cobraba como bot de la Cuarta Transformación, “periodista mercenaria” y “tuitera que no sabe de economía”, a querer aplicarme aquella técnica nazi denominada gaslightning (patrón de abuso psicológico por el que la víctima es manipulada para que llegue a dudar de su propia percepción, juicio o memoria). Cuando subió su nivel de agresividad, quiso usar el llamado mansplaining (explicar sin tener en cuenta que la persona que escucha o lee sabe más sobre el tema que la persona que lo está explicando) con la intención de debilitarme psicológicamente con el socorrido discurso de “tú no eres nadie, tú eres fake, no existes, no entiendes, etcétera” presuponiendo que lograría intimidarme; pero hay alegatos en los que nadie debe engancharse, por salud mental y/o seguridad personal y al detectar el juego del tuitero, simplemente cerré la discusión, otra vez con un toque irónico que, por supuesto, desató su ira. Ya después noté que Garza usa las técnicas […]

  • La Geopolítica en Dedos de los Influencers

    Los influencers (por supuesto nunca llegarán a líderes de opinión) que inundan las redes sociales cada vez que salta en los medios de comunicación corporativos cualquier tema candente o polémico, en los últimos días han devenido en geoestrategas con sólido respaldo informativo de la Wikipedia y el Google Earth, para urgir a las potencias occidentales a retomar la ocupación militar de Afganistán y, de paso, denostar la política del presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, en la región. Hay algunos, sobre todo hipanoescribientes, como el autodenominado “Gatell el bueno” (¿?) que ayer divulgaba sus argumentos falaces de tinte ultraderechista en Twitter cual experto epidemiólogo sobre la “pésima política mexicana anti-Covid19” y enfocaba sus baterías desinformativas contra el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, y hoy de buenas a primeras, resulta ser un consumado geoestratega que sin un análisis histórico, político, económico y social sólido, lanza frases lapidarias sobre la necesidad de mantener el statu quo mundial contra viento y marea. Eso sí: Cobra tres dólares mensuales a los incautos que lo siguen, por marearlos con consignas neoliberales y pro-colonialistas. Como este ejemplo desinformativo evidente y con cierta popularidad entre la clase media mexicana, hay muchos en todas las redes sociales. A veces no hay acción concertada entre ellos y, como se ve con Gatell el bueno, ni siquiera son patrocinados por los grupos de poder global. Sólo son tontos útiles del establishment; pero los netizens o ciberciudadanos tenemos nuevas tareas en la acelerada sociedad de la información, para aprender a distinguir a quienes realmente están bien documentados o simplemente son merolicos de la era de las tecnologías de la información. 👣

  • Sicarios Periodísticos en México

    En 2010, la Fundación para la Libertad de Expresión (FUNDALEX) lanzó una dura crítica a los medios de comunicación mexicanos que se han politizado y partidizado, además de aplicar censura y la autocensura para omitir o desvirtuar la verdad. “La gran mayoría de los medios no utiliza un código de ética, aun cuando existen iniciativas deontológicas propuestas por los propios medios de comunicación y por otro lado prefieren no denunciar por el temor a ser violentados”, se decía en un reporte de la organización mencionada, en aquel año. La FUNDALEX acuñó también un término (sicarios periodísticos) para los personajes ⏤ que de ningún modo pueden considerarse reporteros o periodistas ⏤ que a la paga y orden de algún individuo o grupo, escriben calumniando, difamando e injuriando a un adversario, a instituciones o personajes de la vida pública para denostar su labor y minimizar posibles denuncias en su contra, motivadas por su actuar o trabajos que afecten a alguna rama del gobierno, algún poder o partido político. Casi once años después, y en plena transición hacia un sistema político que no dé cabida a la cleptocracia, los medios de comunicación del viejo establishment continúan siendo el engrudo de una maquinaria criminal, que por décadas se sirvió de los recursos naturales y humanos de México y ha condenado a generaciones enteras de mexicanos a sobrevivir en una pobreza crónica incompatible con la riqueza socioeconómica que los trabajadores de la nación producen día a día para disfrute de los poderosos, según ha quedado demostrado ahora que, bajo el gobierno del otrora eterno opositor izquierdista Andrés Manuel López Obrador, se abrió la caja de pandora del dinero público expoliado. A punto de llegar a las elecciones intermedias del sexenio de López Obrador, en las que se renovará el Congreso de la Unión, por ahora controlado por el partido Movimiento de Renovación Nacional (MORENA), que llevó a López Obrador al gobierno. los medios de comunicación “corporativos” (como los definió el doctor Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Salud) continúan con su labor de sicariato periodístico, asesinando día con día la verdad histórica en una paradójica sociedad de la información… —¿o de la desinformación? Pienso tan sólo en las notas informativas parciales, confusas y adulteradas que por más de doce meses han intentado minar el esfuerzo heroico de los encargados de un sistema de Salud Pública en ruinas que busca detener la propagación del virus SARS-CoV2 en México, así como en las campañas cotidianas de desacreditación de un gobierno que se ha dedicado en estos años, básicamente, a desmantelar (con todas las vicisitudes que esto implica) redes de corrupción entre el sector público, el sector privado y la delincuencia organizada; además de intentar resarcir el daño causado a las mayorías debido a la aplicación de políticas públicas depredatorias que llegaron a dejar a México a pocos pasos de ser un Estado fallido. Y mientras estaba a punto de rematar este texto, encontré en medios que José Antonio González Anaya, concuñado del ex presidente Carlos Salinas de Gortari y oscuro peón en el desmantelamiento de Petróleos Mexicanos (Pemex) y su desfalco durante la administración de Enrique Peña Nieto —según testimonios del hoy indiciado ex director de la petrolera estatal, Emilio Lozoya—, ocupará un puesto directivo en el área clave de internet y TV por cable en Televisa, una de las corporaciones de medios más poderosas de Iberoamérica. Esto ocurre luego de que el periodista Alvaro Delgado destapó los nexos entre el portal de noticias Latinus, su sicario periodístico Carlos Loret de Mola, y una red de adversarios políticos de Andrés Manuel López Obrador, comprometidos a detener a la llamada Cuarta Transformación (4T) del mandatario izquierdista. No hay lugar a dudas de que el sicariato periodístico es más intenso hoy que hace diez años. Pero también, con cierto sosiego, vi que México en 2020 se alejó significativamente en el índice de Estados potencialmente fallidos, con un nivel 67.2 de fragilidad, contra el 75.1 de 2011, donde 1 es una nación fuerte y 100 es un país destruido institucionalmente. De modo que uno de los grandes retos del país, en los que la participación ciudadana es un factor clave en la elección de sus fuentes de información, que es la alimentación de la mente y el espíritu, será cerrar el paso a los medios de comunicación sicarios, cuyo único objetivo es dividir y desmantelar a la nación mexicana en favor de intereses particulares, incongruentes con las necesidades de la población. 👣

  • El Artículo 37 de la Ley de Migración de los Estados Unidos Mexicanos señala que para internarse en el país, todo extranjero debe presentarse en el “filtro de revisión” de cualquier puerto de entrada con documentos de identidad de su lugar de origen y, en su caso, una visa previamente solicitada para entrar a México. Los visitantes exentos de presentar visa en México son los ciudadanos de Canadá, Estados Unidos de América, Japón, Reino Unido, cualquiera de los países europeos que integran el Espacio Schengen, los de los países miembros de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia y Perú), así como empresarios e inversionistas plenamente acreditados de la Región Asia Pacífico (APEC). De tal modo que el ingreso multitudinario al país norteamericano de indocumentados, en su mayoría hondureños, ocurrido durante el fin de semana del 19 al 21 de Octubre 2018 es una flagrante violación a las leyes y soberanía mexicana, en nombre de la pobreza sistémica que se vive en esa nación desde el golpe de Estado en 2009. En un sentido estricto, la irrupción ilegal de miles de extranjeros en el territorio mexicano tiene muchas aristas que no deben desdeñarse, como lo están haciendo muchos activistas pro Derechos Humanos en Norteamérica, que a lo largo de varias décadas han construido en el imaginario colectivo, el estereotipo emocional del buen migrante indocumentado, pobre y desesperado por alcanzar el sueño primermundista, el cual únicamente por esa condición supuesta, según la gente humanitaria, puede transgredir el contrato social que garantiza la libertad y la equidad dentro de los Estados. La migración indocumentada no es un asunto que deba mirarse sólo bajo la lupa de los Derechos Humanos o de la pobreza producto del establishment neoliberal e imperialista. Sin ánimo de usar el chocante y racista vocabulario del presidente Trump, efectivamente es un tema de seguridad regional para Norteamérica, ese enorme barco comunitario al que nos subieron nuestros líderes políticos en 1994 y que por ratos parece naufragar. INTRUSIÓN VIOLENTA Los integrantes de la Caravana Migrante hondureña podían (y pueden aún ahora) solicitar una visa para desplazarse en México como visitantes o incluso pedir asilo humanitario temporal o permanente que es probable no se negaría a la mayoría. Sin embargo, una turba de miles de indocumentados ingresó a México por la frontera chiapaneca con violencia (apedreando a los policías federales que trataban de resguardar la aduana), y algunas fuentes periodísticas anuncian ya que se prepara una nueva oleada de desplazados que se sumaría a todos aquellos que, individualmente y por diversos medios, llegan al país con la intención de cruzar ilegalmente la frontera entre México y Estados Unidos, y al no conseguirlo se estacionan indefinidamente en el país. Resulta evidente que en la primera incursión masiva, los ocultos líderes de los indocumentados centroamericanos buscaban provocar la represión de las autoridades migratorias mexicanas para fabricar un conflicto regional en carambola a cuatro bandas que enfrentase a México por igual con el gobierno hondureño y con la Administración Trump, y de paso aumentar la intensidad de la confrontación interna que persiste entre mexicanos desde la campaña política presidencial. Baste mencionar que mientras el gobierno federal mexicano encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto se ha limitado a tratar de apegarse a las leyes de migración para controlar la irrupción ilegal de la Caravana Migrante, el mandatario electo Andrés Manuel López Obrador asumió el compromiso futuro de brindar refugio a latinoamericanos que huyen de sus naciones, y convertir los consulados mexicanos en Estados Unidos en “procuradurías de los migrantes”. Ambas posiciones – que no son obligadamente contradictorias – causaron revuelo y confrontación entre distintos sectores de la Opinión Pública norteamericana, sobre todo en México. Los simpatizantes del presidente electo López Obrador piensan que la Administración Peña Nieto, al aplicar la ley, está convirtiendo a México en aduana estadounidense, idea reforzada por los tuiteos del señor Trump, aunque los mexicanos no deben minusvalorar la vulneración de la seguridad nacional a la que se someten sus fronteras sin un registro riguroso de todo extranjero que atraviese el país. Recuérdese que la entrada libre de colombianos a México ha propiciado el ingreso de bandas de la delincuencia organizada de ese país que ahora azotan a las ciudades más importantes de la nación. Por otro lado, aunque el actual gobierno mexicano está haciendo lo que le corresponde ante la oleada de inmigrantes indocumentados, no ha sido lo suficientemente claro en explicar los acuerdos en la materia con el gobierno de Estados Unidos, ya que el presidente Trump, llevando agua a su molino electoral, como es su estilo, acentuó en su discurso xenófobo la técnica del apapacho y el garrote con su socio y vecino del sur. En una retahíla de mensajes en Twitter, su medio de comunicación predilecto, el mandatario estadounidense publicó que “se están haciendo todos los esfuerzos posibles para evitar que el ataque (sic) de extranjeros ilegales cruce nuestra frontera sur. Las personas deben solicitar asilo en México primero, y si no lo hacen, los Estados Unidos los rechazarán (…)”. Luego, en otro momento, escribió en tono apocalíptico que se estaba dando un asalto a su país en la frontera sur – si bien al cierre de esta edición los migrantes no han salido siquiera de Chiapas – y que con los hondureños venían criminales de Medio Oriente y traficantes de drogas (lo cual no está comprobado, aunque no puede descartarse), y remató que detener a la caravana “… es mucho más importante para mí, como presidente, que el comercio o el USMCA.” O sea: Trump está aprovechando la irrupción de la Caravana Migrante para coaccionar a los gobiernos entrante y saliente de México y someter al país a sus dictados económicos, mientras asesta a los legisladores demócratas de su propio país un golpe de mercadotecnia electoral al acusarlos de poner en peligro a la Unión Americana con leyes migratorias “débiles”, en tanto que busca recortar el presupuesto para el desarrollo centroamericano como represalia por el éxodo indocumentado. ¿LA CIA, DETRÁS DE LA CARAVANA MIGRANTE? Según fuentes […]

  • En México está de mas victimizarse en nombre de la libertad de expresión por un despido laboral, aunque sea de filosas aristas. México ocupa el sexto lugar a nivel mundial por el asesinato de periodistas.

  • Ser periodista profesional implica tener muy claro que no hay excusas para el mal periodismo porque nuestros errores invariablemente conllevan una afectación social. Alejandro Sánchez no supo hacer su trabajo; pero ¿dónde estaban su jefe de información, su editor, sus correctores de estilo, todos los que dejaron pasar un producto periodístico deficiente?

  • Twitter: @silviameave  Los boletines oficiales de prensa pueden informar que las desapariciones y asesinatos de periodistas en México son obra de las mafias del narcotráfico, el secuestro, la piratería y todo tipo de ilícitos que dejan grandes ganancias a quienes los cometen; pero lo cierto es que nadie sabe a ciencia cierta quién está violentando no sólo la libertad de expresión e información, sino la vida de decenas y miles de familias de trabajadores de los medios de comunicación, porque no hay investigaciones policíacas serias ni una aplicación expedita y efectiva de la justicia.Desde este punto de vista, el presidente Felipe Calderón, quien llegó al poder en medio de fuertes cuestionamientos sobre la legitimidad de su gobierno, hace ya casi cinco años, se mancha las manos de sangre por omisión, por negligencia o ineptitud para cumplir como garante de la vida y la seguridad de los mexicanos, misión que aceptó al asumir la presidencia de la República, en sus propias palabras “haiga sido como haiga sido” (sic).Desafortunadamente, los Poderes Legislativo y Judicial de igual modo poco han hecho para que las políticas de combate a la mal llamada “delincuencia organizada” se traduzca en una irrestricta aplicación de la justicia, de acuerdo con los principios constitucionales, y no en lo que se ha convertido: un ajuste de cuentas desde los poderes fácticos.Paradójicamente, los hombres y mujeres de gobierno han debilitado con sus políticas fallidas y omisiones el Poder insitucional del Estado y ellos mismos se han integrado a los poderes fácticos, al usar a la Ley para justificar sus acciones; pero no para ejercer la Justicia, como lo establece la Constitución.El Comité de Protección a los Periodistas (CPJ), con sede en Nueva York, en su Índice de Impunidad 2011 establece que “el nivel de impunidad de México ha empeorado por tercer año consecutivo” y que a lo largo de los últimos diez años, que son los que corresponden a la era de los gobiernos de la Derecha católica, muchos asesinatos de periodistas no han sido resueltos “en medio de corrupción generalizada en gobiernos locales y organismos de seguridad”.Entre 2006 y 2010, bajo el gobierno del presidente Felipe Calderón, según estadísticas que no ofrecen números precisos porque aparentemente es imposible obtenerlos, de 30 a 40 periodistas y trabajadores de medios de comunicación han sido asesinados o están desaparecidos en el territorio mexicano. No se toma en cuenta en estas cifras ni a los familiares o testigos muertos como “daños colaterales”, como tampoco hay una lista de periodistas amenazados o agredidos junto con sus familias, por sus investigaciones y publicaciones periodísticas.El presidente Calderón se lava las manos en cada discurso en el que afirma que son los gobiernos estatales los que tienen la responsabilidad de hacer seguimiento de los casos que atentan contra vidas y trabajo de los periodistas; cree que con la creación de fiscalías y grupos especiales de atención a los delitos contra periodistas él ya cumplió.No obstante, este entorno de presunto combate a la impunidad no intimida a quienes atacan a periodistas, a la libertad de expresión y al derecho a la información, y por ende a la democracia.El presidente de la República debe asumir su autoridad moral como líder de la nación para exigir a las instancias correspondientes en cada caso, por un lado que trabajen en la solución de los atentados contra el ejercicio periodístico; pero también para crear mecanismos de prevención de ataques a periodistas, a nivel nacional, basados en el respeto elemental de los derechos ciudadanos de expresión e información.En un auténtico Estado de Derecho no hay motivos para que haya un solo periodista más, muerto o desaparecido en la impunidad. Al momento de redactar este texto, la nota del día es el asesinato por parte de un comando armado, de un periodista veracruzano y su familia.Miguel Ángel López Velasco, conocido como Milo Vela, especializado en temas de seguridad y narcotráfico, era columnista del periódico “Notiver”, el de mayor circulación en el estado. Su nombre queda aquí hoy; pero se pueden llenar páginas enteras de nombres de periodistas que todavía no reciben la justicia del Estado democrático por el que dieron su vida. <>

  • El año 2009 fue tal vez el peor en la historia contemporánea para los periodistas que trabajan en México. La organización Reporteros Sin Fronteras señala que desde el inicio de los gobiernos conservadores del Partido Acción Nacional (PAN) en 2000, han sido asesinados 60 comunicadores en todo el país, aunque las autoridades locales sólo se reconocen 58 muertes. Tan sólo el año pasado se contabilizaron 12 muertes de periodistas y apenas iniciando 2010, dos periodistas, uno en Sinaloa y otro en Coahuila, fueron secuestrados y asesinados por grupos armados, mientras otro, también en Coahuila, está en calidad de desaparecido. En este marco, hasta noviembre de 2009 la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México recibió 78 denuncias sobre amenazas, intimidaciones, persecuciones, atentados y desapariciones forzadas de periodistas en todo el territorio, mientras que la censura y la autocensura están a la orden del día en las salas de redacción de los medios de comunicación. La mayoría de los periodistas asesinados cubrían la información de la fuente policiaca; así que se cree que los crímenes contra periodistas están asociados a sus investigaciones sobre la delincuencia organizada. Y enfatizo que “se cree” porque prácticamente ningún caso, de los ocurridos desde 2000 se ha resuelto. No se sabe de detenidos ni de pistas ni de móviles exactos en torno a los asesinatos; y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas (FEADP), creada ex-profeso en el inicio de la administración de Felipe Calderón, más que coadyuvar a la resolución de los crímenes, se ha convertido en una ventanilla burocrática encargada de justificar las dilaciones en la investigación judicial de los asesinatos, según consta en diversos informes de organizaciones no gubernamentales, de organismos gremiales e incluso en recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha solicitado al gobierno mexicano que garantice investigaciones realizadas con seriedad, permitiendo el esclarecimiento de los hechos. Al cabo de diez años de gobiernos opositores al antiguo régimen del partido único, el presidente de la Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex), Armando Prida Huerta, asegura que en México “decir la verdad cuesta hasta la vida”, lo que pone en tela de juicio al Estado mexicano como garante del derecho constitucional a la libertad de expresión como principio democrático y a la impartición de la justicia. Aunque la FEADP minimiza en sus reportes públicos los presuntos móviles de los ataques contra los comunicadores, Reporteros Sin Fronteras ha colocado en el mismo nivel de peligrosidad para el ejercicio periodístico, a Afganistán, Somalia y México. Mala señal para una nación que forma parte de varias asociaciones económicas internacionales de primer nivel y que en 2007 estaba a la mitad del camino en el índice de Estados fallidos de Foreign Policy, con una puntuación de 72 de 115, donde cero es riesgo nulo y 115 el caos y la disolución del Estado. Mientras tanto, a la par de que el ambiente sociopolítico y económico de la nación se enrarece aceleradamente, conforme se acerca el último tramo de la actual administración, en las últimas semanas de 2009, reporteros en diversas entidades empezaron a notificar a colegas dentro y fuera de México que han recibido llamadas telefónicas anónimas intimidatorias, en sus oficinas y en sus teléfonos celulares, sugiriéndoles poner límites a sus investigaciones periodísticas o que se cuidaran de lo que opinan. Tal vez es la delincuencia organizada, pero tal vez no. ¿Cómo comprobar la participación de esos entes agazapados en la oscuridad con poderío de facto si el Estado no ofrece a la sociedad investigaciones rigurosas y, sobre todo, la aclaración de los crímenes? La impunidad de los delitos, y más aún los que se relacionan con ataques a la libertad de expresión, y su contraparte, el derecho ciudadano a la información, eje de la democracia, es caldo de cultivo para toda clase de corrupción social y de poder que conducen al surgimiento de Estados fallidos, entendidos como naciones con “instituciones débiles, vulnerables y en pleno deterioro”, según la definición de la revista Foreign Policy en un análisis del tema publicado en 2007. Baste mencionar que cada vez es más frecuente leer en foros online de periódicos nacionales y estatales, o incluso en blogs ciudadanos, insultos y comentarios anónimos intimidatorios contra reporteros y articulistas, sin importar su tendencia o filiación política o su nivel de objetividad. Hemos visto con frecuencia agresiones de multitudes enardecidas a reporteros de televisión que algunos identifican al servicio del gobierno y también hay usuarios anónimos de la web que bloquean las cuentas de redes sociales y blogs de los opositores al régimen con falsas denuncias de actividad ilícita. Y eso no se vale ni se permite en un Estado democrático. El análisis de Foreign Policy 2007 sobre Estados fallidos dice que los problemas que acosan a los Estados en proceso de desintegración suelen ser muy similares: corrupción generalizada, clases dirigentes depredadoras que monopolizan el poder desde hace mucho tiempo, ausencia del imperio de la ley y graves divisiones étnicas o religiosas”, además de algunas otras variables aleatorias como la violencia urbana, la creciente pobreza extrema, la incapacidad de la nación para administrar adecuadamente sus recursos naturales y evitar la depredación de sus ecosistemas, por mencionar unas cuantas. En un Estado fallido, la presunta delincuencia organizada, con sus anónimos y brutales maneras de “operar”, como queda demostrado en México con los levantones, secuestros, torturas y ejecuciones de periodistas, defensores de derechos humanos y empresarios, entre otros ciudadanos, se convierte en un eufemismo que solapa los intereses oscuros prácticamente de cualquiera: desde un edil corrupto hasta una autoviuda o un empresario defraudador, y cerrando el caso antes de abrirlo, los primeros sospechosos siempre son los sicarios del crimen organizado. Tal vez sí, tal vez no. ¿Dónde están las pruebas? Al referirse a Irak y Afganistán, países con los que actualmente algunas organizaciones internacionales equiparan a México, por sus niveles de violencia y peligrosidad para el ejercicio del periodismo, Foreign Policy decía en 2007: “Sus experiencias prueban que no sirve de nada que se destinen miles […]

  • La empresa estadounidense Google asegura que la búsqueda “Michelle Obama” que conduce a una lista de imágenes y enlaces racistas, encabezados por una ofensiva fotocomposición del rostro de la primera dama de Estados Unidos transmutada en un grotesco simio, es un mero resultado algorítmico sobre la relevancia de las páginas en la web y, por lo tanto, la empresa no tiene la menor intención de remover el resultado de las búsquedas, simplemente porque el contenido es “impopular” o se reciban quejas sobre los mismos porque, en pocas palabras, sólo ejercerían “censura” por un requerimiento legal. ¿Deberíamos creer que un libelo visual sea la búsqueda algorítmicamente más popular en la web relacionado con la esposa del primer presidente afroamericano de Estados Unidos? Mmmmhh. Supongo que es improbable que la familia Obama o la Casa Blanca — quizá cualquiera que se vea en una situación similar — decidan convertir lo que se antoja como un “algorítmico” golpeteo político en una demanda de tipo judicial porque esto significaría darle cabida en la política virtual del ciberespacio a quienes no tienen argumentos para defender sus puntos de vista. Sin embargo, expertos en e-marketing consultados sobre el tema expresaron sus dudas de que hayan sido simples cálculos algorítmicos los que hayan posicionado en primer lugar de búsquedas a un oscuro diario online en Blogspot (sitio administrado por Google) de supuestas “hot girls” conteniendo una serie de fotos de la señora Obama, y no, de manera natural, al sitio web oficial de la esposa del presidente de los Estados Unidos. A últimas fechas se cuestiona entre los usuarios de la web la calidad de los resultados de búsquedas generales, invariablemente contaminados por la estrategia mercadotécnica de las palabras clave y hay quienes temen que a causa de esta mercantilización de las búsquedas, la época de oro de la Internet gratuita esté llegando a sus últimos días. Y más aún, que en el mejor de los casos los buscadores como Google o Yahoo! pretendan en el largo plazo crear servicios pagados de búsquedas más apegadas a los requerimientos de los usuarios. Y digo “mejor de los casos”, porque en el peor podríamos estar ante una guerra sucia de parte de ciertos grupos de Poder que buscan que los usuarios de Internet avalemos legislaciones que, tomando como pretexto los delitos de difamación, de violación a derechos de propiedad intelectual e industrial y la pornografía infantil, comiencen a censurar y controlar lo que se publica en la web. Se supone que la Web 3.0 basada en análisis de contenidos completos y no sólo de palabras clave, deberá generar resultados de búsqueda de mayor calidad. Pero mientras este proceso de búsqueda se generaliza en la web, tendremos que soportar balandronadas como la fotocomposición que ridiculiza a una mujer respetable y por cierto muy hermosa como Michelle Obama, y la retahila de sucios comentarios en foros de tufo kukuxklanero que no tienen más sustancia que la difamación, los cuales alejan a la Opinión Pública de la web del diálogo social maduro y bien argumentado que urge en la aldea global. Artículo publicado originalmente en “Anecdotario Periodístico” de Reporteros Sin Fronteras www.silviameave.net

  • ¿Puede una tasa impositiva de la hacienda pública incidir en la libertad de expresión de una sociedad? La respuesta contundente es SÍ y el ejemplo/evidencia/argumento al respecto es la reciente aprobación por parte de la Cámara de Diputados de México, de un impuesto especial de 3 por ciento al uso de los servicios de telecomunicaciones, que se adicionaría como sobretasa a un Impuesto al Valor Agregado (IVA) que en 2010 se pretende que pase del 15 al 16 por ciento sobre el precio neto del servicio. Esta propuesta tributaria que con algunas variaciones salió de la oficina del Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Agustín Carstens, antiguo subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional, provocará de aprobarse en el Senado de la República, el aumento del precio de los servicios de telecomunicaciones en por lo menos 20 por ciento. La medida hacendaria afectará a todos los usuarios nacionales de telefonía y conexiones de internet, quienes ya de por sí enfrentan un entorno adverso para la utilización de los servicios, a causa de su alto costo y baja calidad, en comparación con los que se brindan en las otras economías de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a la que pertenece México desde 1994. Entre los usuarios de telecomunicaciones en México, de los más afectados con los nuevos impuestos serán los medios de comunicación, particularmente los denominados “online”, que por lo general son micro, pequeñas y medianas empresas u organizaciones no lucrativas que basan su operación en las tecnologías de la información. Y es que los medios online, por un lado, enfrentarán el aumento de sus costos operativos, y, por otro, podrían ver disminuido el número de sus lectores y anunciantes locales, quienes previsiblemente reducirán su acceso a la web por su alto costo y/o la priorización de gastos ante la avalancha impositiva. Los nuevos impuestos a los servicios de Internet son un nuevo golpe contra la libertad de expresión y el derecho a la información de la sociedad mexicana por cuanto que una gran cantidad de medios de comunicación en México, en su mayoría impresos, paulatinamente han dado el salto a la Internet debido al alto costo de los insumos de publicación en papel y a la caída de sus ventas y suscripciones por la crisis financiera y la evolución del mercado hacia la red. Ya no hablemos de que ejercer el periodismo en México se ha convertido en una actividad de alto riesgo cuando el Estado no garantiza a quienes trabajan en los medios la seguridad física y jurídica para que investiguen y reporten a la sociedad, con imparcialidad, los acontecimientos diarios. A lo largo de la década que está por finalizar, muchos periódicos y revistas han ido reduciendo sus tirajes o simplemente han desaparecido de los kioscos de los voceadores para, en el mejor de los casos, refugiarse en la Internet. Pero esto no significa que los medios de comunicación, al evolucionar tecnológicamente aumenten su público, pues muchos lectores de la prensa no tienen acceso a la Internet o no están interesados en su uso y viceversa. Más aún, si en México el acceso a los medios impresos es elitista, todavía lo es mucho más el acceso a la Internet. La circulación de diarios y revistas apenas sobrepasa el medio millón de ejemplares diarios; pero sólo el 22 por ciento de quienes usan Internet en el país, diariamente, buscan noticias y análisis periodísticos de manera recurrente y son muchos menos los que pagan por ello. Así, más allá de que en reiteradas ocasiones la OCDE ha señalado la urgencia de que México fortalezca al sector de las telecomunicaciones, por ser uno de los ejes del desarrollo económico global para el siglo XXI, los gravámenes al sector son también una mala señal para el desarrollo social y político de la nación. Ha quedado claro para las economías más industrializadas del mundo que sin un sector de telecomunicaciones dinámico y accesible a toda la población, no habrá en la próxima década productividad, competitividad, comercio, empleo y educación; pero países como Estados Unidos en las pasadas elecciones presidenciales, ya dejaron de manifiesto que el acceso a la red de redes fortalece la libertad de expresión y el derecho a la información como aspectos fundamentales de la democracia. En su informe 2008 sobre las perspectivas para América Latina, la OCDE recomendaba al gobierno mexicano “la ampliación del acceso de los usuarios a los servicios de telecomunicaciones” como una estrategia para cerrar la brecha entre ricos y pobres, a nivel interno y dentro del contexto global. Y de modo enfático la organización estableció: “Para extender los servicios de telecomunicaciones a toda la población es necesario poner en marcha políticas eficaces de fomento del acceso, con reglas claras y estables (así como) contar con mercados bien regulados, abiertos y competitivos que promuevan la innovación e impulsen a las corporaciones multinacionales a maximizar su aportación colectiva al desarrollo a largo plazo”. A lo largo del presente año, sin embargo, el gobierno mexicano no ha ofrecido opciones reales para que el desarrollo del sector de las telecomunicaciones cumpliera con su función social: De acuerdo con diversos análisis internacionales, en México el costo de las conexiones de internet sigue siendo el más caro del mundo, con facturas por encima de los 100 dólares mensuales por velocidades efectivas de menos de 1 Mbps, lo que representa entre 12 y 22 veces el valor de la facturación de internet en países como Japón, Alemania o Finlandia, por citar aquellos donde el acceso a la red tiene un costo mínimo. Si al alto costo del acceso a la red y la baja calidad del servicio se le añaden sobretasas impositivas, no sólo se obstaculiza el desarrollo de una economía moderna en momentos en los que las consecuencias de la crisis financiera que estalló en Septiembre de 2008 exige un impulso a la actividad socioeconómica, sino que también se excluye a los grupos menos favorecidos de ese diálogo que propicia la sociedad de la información en […]