Anecdotario Periodístico

Anecdotario Periodístico

  • Sicarios Periodísticos en México

    En 2010, la Fundación para la Libertad de Expresión (FUNDALEX) lanzó una dura crítica a los medios de comunicación mexicanos que se han politizado y partidizado, además de aplicar censura y la autocensura para omitir o desvirtuar la verdad. “La gran mayoría de los medios no utiliza un código de ética, aun cuando existen iniciativas deontológicas propuestas por los propios medios de comunicación y por otro lado prefieren no denunciar por el temor a ser violentados”, se decía en un reporte de la organización mencionada, en aquel año. La FUNDALEX acuñó también un término (sicarios periodísticos) para los personajes ⏤ que de ningún modo pueden considerarse reporteros o periodistas ⏤ que a la paga y orden de algún individuo o grupo, escriben calumniando, difamando e injuriando a un adversario, a instituciones o personajes de la vida pública para denostar su labor y minimizar posibles denuncias en su contra, motivadas por su actuar o trabajos que afecten a alguna rama del gobierno, algún poder o partido político. Casi once años después, y en plena transición hacia un sistema político que no dé cabida a la cleptocracia, los medios de comunicación del viejo establishment continúan siendo el engrudo de una maquinaria criminal, que por décadas se sirvió de los recursos naturales y humanos de México y ha condenado a generaciones enteras de mexicanos a sobrevivir en una pobreza crónica incompatible con la riqueza socioeconómica que los trabajadores de la nación producen día a día para disfrute de los poderosos, según ha quedado demostrado ahora que, bajo el gobierno del otrora eterno opositor izquierdista Andrés Manuel López Obrador, se abrió la caja de pandora del dinero público expoliado. A punto de llegar a las elecciones intermedias del sexenio de López Obrador, en las que se renovará el Congreso de la Unión, por ahora controlado por el partido Movimiento de Renovación Nacional (MORENA), que llevó a López Obrador al gobierno. los medios de comunicación “corporativos” (como los definió el doctor Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Salud) continúan con su labor de sicariato periodístico, asesinando día con día la verdad histórica en una paradójica sociedad de la información… —¿o de la desinformación? Pienso tan sólo en las notas informativas parciales, confusas y adulteradas que por más de doce meses han intentado minar el esfuerzo heroico de los encargados de un sistema de Salud Pública en ruinas que busca detener la propagación del virus SARS-CoV2 en México, así como en las campañas cotidianas de desacreditación de un gobierno que se ha dedicado en estos años, básicamente, a desmantelar (con todas las vicisitudes que esto implica) redes de corrupción entre el sector público, el sector privado y la delincuencia organizada; además de intentar resarcir el daño causado a las mayorías debido a la aplicación de políticas públicas depredatorias que llegaron a dejar a México a pocos pasos de ser un Estado fallido. Y mientras estaba a punto de rematar este texto, encontré en medios que José Antonio González Anaya, concuñado del ex presidente Carlos Salinas de Gortari y oscuro peón en el desmantelamiento de Petróleos Mexicanos (Pemex) y su desfalco durante la administración de Enrique Peña Nieto —según testimonios del hoy indiciado ex director de la petrolera estatal, Emilio Lozoya—, ocupará un puesto directivo en el área clave de internet y TV por cable en Televisa, una de las corporaciones de medios más poderosas de Iberoamérica. Esto ocurre luego de que el periodista Alvaro Delgado destapó los nexos entre el portal de noticias Latinus, su sicario periodístico Carlos Loret de Mola, y una red de adversarios políticos de Andrés Manuel López Obrador, comprometidos a detener a la llamada Cuarta Transformación (4T) del mandatario izquierdista. No hay lugar a dudas de que el sicariato periodístico es más intenso hoy que hace diez años. Pero también, con cierto sosiego, vi que México en 2020 se alejó significativamente en el índice de Estados potencialmente fallidos, con un nivel 67.2 de fragilidad, contra el 75.1 de 2011, donde 1 es una nación fuerte y 100 es un país destruido institucionalmente. De modo que uno de los grandes retos del país, en los que la participación ciudadana es un factor clave en la elección de sus fuentes de información, que es la alimentación de la mente y el espíritu, será cerrar el paso a los medios de comunicación sicarios, cuyo único objetivo es dividir y desmantelar a la nación mexicana en favor de intereses particulares, incongruentes con las necesidades de la población. 👣

  • El Artículo 37 de la Ley de Migración de los Estados Unidos Mexicanos señala que para internarse en el país, todo extranjero debe presentarse en el “filtro de revisión” de cualquier puerto de entrada con documentos de identidad de su lugar de origen y, en su caso, una visa previamente solicitada para entrar a México. Los visitantes exentos de presentar visa en México son los ciudadanos de Canadá, Estados Unidos de América, Japón, Reino Unido, cualquiera de los países europeos que integran el Espacio Schengen, los de los países miembros de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia y Perú), así como empresarios e inversionistas plenamente acreditados de la Región Asia Pacífico (APEC). De tal modo que el ingreso multitudinario al país norteamericano de indocumentados, en su mayoría hondureños, ocurrido durante el fin de semana del 19 al 21 de Octubre 2018 es una flagrante violación a las leyes y soberanía mexicana, en nombre de la pobreza sistémica que se vive en esa nación desde el golpe de Estado en 2009. En un sentido estricto, la irrupción ilegal de miles de extranjeros en el territorio mexicano tiene muchas aristas que no deben desdeñarse, como lo están haciendo muchos activistas pro Derechos Humanos en Norteamérica, que a lo largo de varias décadas han construido en el imaginario colectivo, el estereotipo emocional del buen migrante indocumentado, pobre y desesperado por alcanzar el sueño primermundista, el cual únicamente por esa condición supuesta, según la gente humanitaria, puede transgredir el contrato social que garantiza la libertad y la equidad dentro de los Estados. La migración indocumentada no es un asunto que deba mirarse sólo bajo la lupa de los Derechos Humanos o de la pobreza producto del establishment neoliberal e imperialista. Sin ánimo de usar el chocante y racista vocabulario del presidente Trump, efectivamente es un tema de seguridad regional para Norteamérica, ese enorme barco comunitario al que nos subieron nuestros líderes políticos en 1994 y que por ratos parece naufragar. INTRUSIÓN VIOLENTA Los integrantes de la Caravana Migrante hondureña podían (y pueden aún ahora) solicitar una visa para desplazarse en México como visitantes o incluso pedir asilo humanitario temporal o permanente que es probable no se negaría a la mayoría. Sin embargo, una turba de miles de indocumentados ingresó a México por la frontera chiapaneca con violencia (apedreando a los policías federales que trataban de resguardar la aduana), y algunas fuentes periodísticas anuncian ya que se prepara una nueva oleada de desplazados que se sumaría a todos aquellos que, individualmente y por diversos medios, llegan al país con la intención de cruzar ilegalmente la frontera entre México y Estados Unidos, y al no conseguirlo se estacionan indefinidamente en el país. Resulta evidente que en la primera incursión masiva, los ocultos líderes de los indocumentados centroamericanos buscaban provocar la represión de las autoridades migratorias mexicanas para fabricar un conflicto regional en carambola a cuatro bandas que enfrentase a México por igual con el gobierno hondureño y con la Administración Trump, y de paso aumentar la intensidad de la confrontación interna que persiste entre mexicanos desde la campaña política presidencial. Baste mencionar que mientras el gobierno federal mexicano encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto se ha limitado a tratar de apegarse a las leyes de migración para controlar la irrupción ilegal de la Caravana Migrante, el mandatario electo Andrés Manuel López Obrador asumió el compromiso futuro de brindar refugio a latinoamericanos que huyen de sus naciones, y convertir los consulados mexicanos en Estados Unidos en “procuradurías de los migrantes”. Ambas posiciones – que no son obligadamente contradictorias – causaron revuelo y confrontación entre distintos sectores de la Opinión Pública norteamericana, sobre todo en México. Los simpatizantes del presidente electo López Obrador piensan que la Administración Peña Nieto, al aplicar la ley, está convirtiendo a México en aduana estadounidense, idea reforzada por los tuiteos del señor Trump, aunque los mexicanos no deben minusvalorar la vulneración de la seguridad nacional a la que se someten sus fronteras sin un registro riguroso de todo extranjero que atraviese el país. Recuérdese que la entrada libre de colombianos a México ha propiciado el ingreso de bandas de la delincuencia organizada de ese país que ahora azotan a las ciudades más importantes de la nación. Por otro lado, aunque el actual gobierno mexicano está haciendo lo que le corresponde ante la oleada de inmigrantes indocumentados, no ha sido lo suficientemente claro en explicar los acuerdos en la materia con el gobierno de Estados Unidos, ya que el presidente Trump, llevando agua a su molino electoral, como es su estilo, acentuó en su discurso xenófobo la técnica del apapacho y el garrote con su socio y vecino del sur. En una retahíla de mensajes en Twitter, su medio de comunicación predilecto, el mandatario estadounidense publicó que “se están haciendo todos los esfuerzos posibles para evitar que el ataque (sic) de extranjeros ilegales cruce nuestra frontera sur. Las personas deben solicitar asilo en México primero, y si no lo hacen, los Estados Unidos los rechazarán (…)”. Luego, en otro momento, escribió en tono apocalíptico que se estaba dando un asalto a su país en la frontera sur – si bien al cierre de esta edición los migrantes no han salido siquiera de Chiapas – y que con los hondureños venían criminales de Medio Oriente y traficantes de drogas (lo cual no está comprobado, aunque no puede descartarse), y remató que detener a la caravana “… es mucho más importante para mí, como presidente, que el comercio o el USMCA.” O sea: Trump está aprovechando la irrupción de la Caravana Migrante para coaccionar a los gobiernos entrante y saliente de México y someter al país a sus dictados económicos, mientras asesta a los legisladores demócratas de su propio país un golpe de mercadotecnia electoral al acusarlos de poner en peligro a la Unión Americana con leyes migratorias “débiles”, en tanto que busca recortar el presupuesto para el desarrollo centroamericano como represalia por el éxodo indocumentado. ¿LA CIA, DETRÁS DE LA CARAVANA MIGRANTE? Según fuentes […]

  • En México está de mas victimizarse en nombre de la libertad de expresión por un despido laboral, aunque sea de filosas aristas. México ocupa el sexto lugar a nivel mundial por el asesinato de periodistas.

  • Ser periodista profesional implica tener muy claro que no hay excusas para el mal periodismo porque nuestros errores invariablemente conllevan una afectación social. Alejandro Sánchez no supo hacer su trabajo; pero ¿dónde estaban su jefe de información, su editor, sus correctores de estilo, todos los que dejaron pasar un producto periodístico deficiente?

  • Twitter: @silviameave  Los boletines oficiales de prensa pueden informar que las desapariciones y asesinatos de periodistas en México son obra de las mafias del narcotráfico, el secuestro, la piratería y todo tipo de ilícitos que dejan grandes ganancias a quienes los cometen; pero lo cierto es que nadie sabe a ciencia cierta quién está violentando no sólo la libertad de expresión e información, sino la vida de decenas y miles de familias de trabajadores de los medios de comunicación, porque no hay investigaciones policíacas serias ni una aplicación expedita y efectiva de la justicia.Desde este punto de vista, el presidente Felipe Calderón, quien llegó al poder en medio de fuertes cuestionamientos sobre la legitimidad de su gobierno, hace ya casi cinco años, se mancha las manos de sangre por omisión, por negligencia o ineptitud para cumplir como garante de la vida y la seguridad de los mexicanos, misión que aceptó al asumir la presidencia de la República, en sus propias palabras “haiga sido como haiga sido” (sic).Desafortunadamente, los Poderes Legislativo y Judicial de igual modo poco han hecho para que las políticas de combate a la mal llamada “delincuencia organizada” se traduzca en una irrestricta aplicación de la justicia, de acuerdo con los principios constitucionales, y no en lo que se ha convertido: un ajuste de cuentas desde los poderes fácticos.Paradójicamente, los hombres y mujeres de gobierno han debilitado con sus políticas fallidas y omisiones el Poder insitucional del Estado y ellos mismos se han integrado a los poderes fácticos, al usar a la Ley para justificar sus acciones; pero no para ejercer la Justicia, como lo establece la Constitución.El Comité de Protección a los Periodistas (CPJ), con sede en Nueva York, en su Índice de Impunidad 2011 establece que “el nivel de impunidad de México ha empeorado por tercer año consecutivo” y que a lo largo de los últimos diez años, que son los que corresponden a la era de los gobiernos de la Derecha católica, muchos asesinatos de periodistas no han sido resueltos “en medio de corrupción generalizada en gobiernos locales y organismos de seguridad”.Entre 2006 y 2010, bajo el gobierno del presidente Felipe Calderón, según estadísticas que no ofrecen números precisos porque aparentemente es imposible obtenerlos, de 30 a 40 periodistas y trabajadores de medios de comunicación han sido asesinados o están desaparecidos en el territorio mexicano. No se toma en cuenta en estas cifras ni a los familiares o testigos muertos como “daños colaterales”, como tampoco hay una lista de periodistas amenazados o agredidos junto con sus familias, por sus investigaciones y publicaciones periodísticas.El presidente Calderón se lava las manos en cada discurso en el que afirma que son los gobiernos estatales los que tienen la responsabilidad de hacer seguimiento de los casos que atentan contra vidas y trabajo de los periodistas; cree que con la creación de fiscalías y grupos especiales de atención a los delitos contra periodistas él ya cumplió.No obstante, este entorno de presunto combate a la impunidad no intimida a quienes atacan a periodistas, a la libertad de expresión y al derecho a la información, y por ende a la democracia.El presidente de la República debe asumir su autoridad moral como líder de la nación para exigir a las instancias correspondientes en cada caso, por un lado que trabajen en la solución de los atentados contra el ejercicio periodístico; pero también para crear mecanismos de prevención de ataques a periodistas, a nivel nacional, basados en el respeto elemental de los derechos ciudadanos de expresión e información.En un auténtico Estado de Derecho no hay motivos para que haya un solo periodista más, muerto o desaparecido en la impunidad. Al momento de redactar este texto, la nota del día es el asesinato por parte de un comando armado, de un periodista veracruzano y su familia.Miguel Ángel López Velasco, conocido como Milo Vela, especializado en temas de seguridad y narcotráfico, era columnista del periódico “Notiver”, el de mayor circulación en el estado. Su nombre queda aquí hoy; pero se pueden llenar páginas enteras de nombres de periodistas que todavía no reciben la justicia del Estado democrático por el que dieron su vida. <>

  • El año 2009 fue tal vez el peor en la historia contemporánea para los periodistas que trabajan en México. La organización Reporteros Sin Fronteras señala que desde el inicio de los gobiernos conservadores del Partido Acción Nacional (PAN) en 2000, han sido asesinados 60 comunicadores en todo el país, aunque las autoridades locales sólo se reconocen 58 muertes. Tan sólo el año pasado se contabilizaron 12 muertes de periodistas y apenas iniciando 2010, dos periodistas, uno en Sinaloa y otro en Coahuila, fueron secuestrados y asesinados por grupos armados, mientras otro, también en Coahuila, está en calidad de desaparecido. En este marco, hasta noviembre de 2009 la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México recibió 78 denuncias sobre amenazas, intimidaciones, persecuciones, atentados y desapariciones forzadas de periodistas en todo el territorio, mientras que la censura y la autocensura están a la orden del día en las salas de redacción de los medios de comunicación. La mayoría de los periodistas asesinados cubrían la información de la fuente policiaca; así que se cree que los crímenes contra periodistas están asociados a sus investigaciones sobre la delincuencia organizada. Y enfatizo que “se cree” porque prácticamente ningún caso, de los ocurridos desde 2000 se ha resuelto. No se sabe de detenidos ni de pistas ni de móviles exactos en torno a los asesinatos; y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas (FEADP), creada ex-profeso en el inicio de la administración de Felipe Calderón, más que coadyuvar a la resolución de los crímenes, se ha convertido en una ventanilla burocrática encargada de justificar las dilaciones en la investigación judicial de los asesinatos, según consta en diversos informes de organizaciones no gubernamentales, de organismos gremiales e incluso en recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha solicitado al gobierno mexicano que garantice investigaciones realizadas con seriedad, permitiendo el esclarecimiento de los hechos. Al cabo de diez años de gobiernos opositores al antiguo régimen del partido único, el presidente de la Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex), Armando Prida Huerta, asegura que en México “decir la verdad cuesta hasta la vida”, lo que pone en tela de juicio al Estado mexicano como garante del derecho constitucional a la libertad de expresión como principio democrático y a la impartición de la justicia. Aunque la FEADP minimiza en sus reportes públicos los presuntos móviles de los ataques contra los comunicadores, Reporteros Sin Fronteras ha colocado en el mismo nivel de peligrosidad para el ejercicio periodístico, a Afganistán, Somalia y México. Mala señal para una nación que forma parte de varias asociaciones económicas internacionales de primer nivel y que en 2007 estaba a la mitad del camino en el índice de Estados fallidos de Foreign Policy, con una puntuación de 72 de 115, donde cero es riesgo nulo y 115 el caos y la disolución del Estado. Mientras tanto, a la par de que el ambiente sociopolítico y económico de la nación se enrarece aceleradamente, conforme se acerca el último tramo de la actual administración, en las últimas semanas de 2009, reporteros en diversas entidades empezaron a notificar a colegas dentro y fuera de México que han recibido llamadas telefónicas anónimas intimidatorias, en sus oficinas y en sus teléfonos celulares, sugiriéndoles poner límites a sus investigaciones periodísticas o que se cuidaran de lo que opinan. Tal vez es la delincuencia organizada, pero tal vez no. ¿Cómo comprobar la participación de esos entes agazapados en la oscuridad con poderío de facto si el Estado no ofrece a la sociedad investigaciones rigurosas y, sobre todo, la aclaración de los crímenes? La impunidad de los delitos, y más aún los que se relacionan con ataques a la libertad de expresión, y su contraparte, el derecho ciudadano a la información, eje de la democracia, es caldo de cultivo para toda clase de corrupción social y de poder que conducen al surgimiento de Estados fallidos, entendidos como naciones con “instituciones débiles, vulnerables y en pleno deterioro”, según la definición de la revista Foreign Policy en un análisis del tema publicado en 2007. Baste mencionar que cada vez es más frecuente leer en foros online de periódicos nacionales y estatales, o incluso en blogs ciudadanos, insultos y comentarios anónimos intimidatorios contra reporteros y articulistas, sin importar su tendencia o filiación política o su nivel de objetividad. Hemos visto con frecuencia agresiones de multitudes enardecidas a reporteros de televisión que algunos identifican al servicio del gobierno y también hay usuarios anónimos de la web que bloquean las cuentas de redes sociales y blogs de los opositores al régimen con falsas denuncias de actividad ilícita. Y eso no se vale ni se permite en un Estado democrático. El análisis de Foreign Policy 2007 sobre Estados fallidos dice que los problemas que acosan a los Estados en proceso de desintegración suelen ser muy similares: corrupción generalizada, clases dirigentes depredadoras que monopolizan el poder desde hace mucho tiempo, ausencia del imperio de la ley y graves divisiones étnicas o religiosas”, además de algunas otras variables aleatorias como la violencia urbana, la creciente pobreza extrema, la incapacidad de la nación para administrar adecuadamente sus recursos naturales y evitar la depredación de sus ecosistemas, por mencionar unas cuantas. En un Estado fallido, la presunta delincuencia organizada, con sus anónimos y brutales maneras de “operar”, como queda demostrado en México con los levantones, secuestros, torturas y ejecuciones de periodistas, defensores de derechos humanos y empresarios, entre otros ciudadanos, se convierte en un eufemismo que solapa los intereses oscuros prácticamente de cualquiera: desde un edil corrupto hasta una autoviuda o un empresario defraudador, y cerrando el caso antes de abrirlo, los primeros sospechosos siempre son los sicarios del crimen organizado. Tal vez sí, tal vez no. ¿Dónde están las pruebas? Al referirse a Irak y Afganistán, países con los que actualmente algunas organizaciones internacionales equiparan a México, por sus niveles de violencia y peligrosidad para el ejercicio del periodismo, Foreign Policy decía en 2007: “Sus experiencias prueban que no sirve de nada que se destinen miles […]

  • La empresa estadounidense Google asegura que la búsqueda “Michelle Obama” que conduce a una lista de imágenes y enlaces racistas, encabezados por una ofensiva fotocomposición del rostro de la primera dama de Estados Unidos transmutada en un grotesco simio, es un mero resultado algorítmico sobre la relevancia de las páginas en la web y, por lo tanto, la empresa no tiene la menor intención de remover el resultado de las búsquedas, simplemente porque el contenido es “impopular” o se reciban quejas sobre los mismos porque, en pocas palabras, sólo ejercerían “censura” por un requerimiento legal. ¿Deberíamos creer que un libelo visual sea la búsqueda algorítmicamente más popular en la web relacionado con la esposa del primer presidente afroamericano de Estados Unidos? Mmmmhh. Supongo que es improbable que la familia Obama o la Casa Blanca — quizá cualquiera que se vea en una situación similar — decidan convertir lo que se antoja como un “algorítmico” golpeteo político en una demanda de tipo judicial porque esto significaría darle cabida en la política virtual del ciberespacio a quienes no tienen argumentos para defender sus puntos de vista. Sin embargo, expertos en e-marketing consultados sobre el tema expresaron sus dudas de que hayan sido simples cálculos algorítmicos los que hayan posicionado en primer lugar de búsquedas a un oscuro diario online en Blogspot (sitio administrado por Google) de supuestas “hot girls” conteniendo una serie de fotos de la señora Obama, y no, de manera natural, al sitio web oficial de la esposa del presidente de los Estados Unidos. A últimas fechas se cuestiona entre los usuarios de la web la calidad de los resultados de búsquedas generales, invariablemente contaminados por la estrategia mercadotécnica de las palabras clave y hay quienes temen que a causa de esta mercantilización de las búsquedas, la época de oro de la Internet gratuita esté llegando a sus últimos días. Y más aún, que en el mejor de los casos los buscadores como Google o Yahoo! pretendan en el largo plazo crear servicios pagados de búsquedas más apegadas a los requerimientos de los usuarios. Y digo “mejor de los casos”, porque en el peor podríamos estar ante una guerra sucia de parte de ciertos grupos de Poder que buscan que los usuarios de Internet avalemos legislaciones que, tomando como pretexto los delitos de difamación, de violación a derechos de propiedad intelectual e industrial y la pornografía infantil, comiencen a censurar y controlar lo que se publica en la web. Se supone que la Web 3.0 basada en análisis de contenidos completos y no sólo de palabras clave, deberá generar resultados de búsqueda de mayor calidad. Pero mientras este proceso de búsqueda se generaliza en la web, tendremos que soportar balandronadas como la fotocomposición que ridiculiza a una mujer respetable y por cierto muy hermosa como Michelle Obama, y la retahila de sucios comentarios en foros de tufo kukuxklanero que no tienen más sustancia que la difamación, los cuales alejan a la Opinión Pública de la web del diálogo social maduro y bien argumentado que urge en la aldea global. Artículo publicado originalmente en “Anecdotario Periodístico” de Reporteros Sin Fronteras www.silviameave.net

  • ¿Puede una tasa impositiva de la hacienda pública incidir en la libertad de expresión de una sociedad? La respuesta contundente es SÍ y el ejemplo/evidencia/argumento al respecto es la reciente aprobación por parte de la Cámara de Diputados de México, de un impuesto especial de 3 por ciento al uso de los servicios de telecomunicaciones, que se adicionaría como sobretasa a un Impuesto al Valor Agregado (IVA) que en 2010 se pretende que pase del 15 al 16 por ciento sobre el precio neto del servicio. Esta propuesta tributaria que con algunas variaciones salió de la oficina del Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Agustín Carstens, antiguo subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional, provocará de aprobarse en el Senado de la República, el aumento del precio de los servicios de telecomunicaciones en por lo menos 20 por ciento. La medida hacendaria afectará a todos los usuarios nacionales de telefonía y conexiones de internet, quienes ya de por sí enfrentan un entorno adverso para la utilización de los servicios, a causa de su alto costo y baja calidad, en comparación con los que se brindan en las otras economías de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a la que pertenece México desde 1994. Entre los usuarios de telecomunicaciones en México, de los más afectados con los nuevos impuestos serán los medios de comunicación, particularmente los denominados “online”, que por lo general son micro, pequeñas y medianas empresas u organizaciones no lucrativas que basan su operación en las tecnologías de la información. Y es que los medios online, por un lado, enfrentarán el aumento de sus costos operativos, y, por otro, podrían ver disminuido el número de sus lectores y anunciantes locales, quienes previsiblemente reducirán su acceso a la web por su alto costo y/o la priorización de gastos ante la avalancha impositiva. Los nuevos impuestos a los servicios de Internet son un nuevo golpe contra la libertad de expresión y el derecho a la información de la sociedad mexicana por cuanto que una gran cantidad de medios de comunicación en México, en su mayoría impresos, paulatinamente han dado el salto a la Internet debido al alto costo de los insumos de publicación en papel y a la caída de sus ventas y suscripciones por la crisis financiera y la evolución del mercado hacia la red. Ya no hablemos de que ejercer el periodismo en México se ha convertido en una actividad de alto riesgo cuando el Estado no garantiza a quienes trabajan en los medios la seguridad física y jurídica para que investiguen y reporten a la sociedad, con imparcialidad, los acontecimientos diarios. A lo largo de la década que está por finalizar, muchos periódicos y revistas han ido reduciendo sus tirajes o simplemente han desaparecido de los kioscos de los voceadores para, en el mejor de los casos, refugiarse en la Internet. Pero esto no significa que los medios de comunicación, al evolucionar tecnológicamente aumenten su público, pues muchos lectores de la prensa no tienen acceso a la Internet o no están interesados en su uso y viceversa. Más aún, si en México el acceso a los medios impresos es elitista, todavía lo es mucho más el acceso a la Internet. La circulación de diarios y revistas apenas sobrepasa el medio millón de ejemplares diarios; pero sólo el 22 por ciento de quienes usan Internet en el país, diariamente, buscan noticias y análisis periodísticos de manera recurrente y son muchos menos los que pagan por ello. Así, más allá de que en reiteradas ocasiones la OCDE ha señalado la urgencia de que México fortalezca al sector de las telecomunicaciones, por ser uno de los ejes del desarrollo económico global para el siglo XXI, los gravámenes al sector son también una mala señal para el desarrollo social y político de la nación. Ha quedado claro para las economías más industrializadas del mundo que sin un sector de telecomunicaciones dinámico y accesible a toda la población, no habrá en la próxima década productividad, competitividad, comercio, empleo y educación; pero países como Estados Unidos en las pasadas elecciones presidenciales, ya dejaron de manifiesto que el acceso a la red de redes fortalece la libertad de expresión y el derecho a la información como aspectos fundamentales de la democracia. En su informe 2008 sobre las perspectivas para América Latina, la OCDE recomendaba al gobierno mexicano “la ampliación del acceso de los usuarios a los servicios de telecomunicaciones” como una estrategia para cerrar la brecha entre ricos y pobres, a nivel interno y dentro del contexto global. Y de modo enfático la organización estableció: “Para extender los servicios de telecomunicaciones a toda la población es necesario poner en marcha políticas eficaces de fomento del acceso, con reglas claras y estables (así como) contar con mercados bien regulados, abiertos y competitivos que promuevan la innovación e impulsen a las corporaciones multinacionales a maximizar su aportación colectiva al desarrollo a largo plazo”. A lo largo del presente año, sin embargo, el gobierno mexicano no ha ofrecido opciones reales para que el desarrollo del sector de las telecomunicaciones cumpliera con su función social: De acuerdo con diversos análisis internacionales, en México el costo de las conexiones de internet sigue siendo el más caro del mundo, con facturas por encima de los 100 dólares mensuales por velocidades efectivas de menos de 1 Mbps, lo que representa entre 12 y 22 veces el valor de la facturación de internet en países como Japón, Alemania o Finlandia, por citar aquellos donde el acceso a la red tiene un costo mínimo. Si al alto costo del acceso a la red y la baja calidad del servicio se le añaden sobretasas impositivas, no sólo se obstaculiza el desarrollo de una economía moderna en momentos en los que las consecuencias de la crisis financiera que estalló en Septiembre de 2008 exige un impulso a la actividad socioeconómica, sino que también se excluye a los grupos menos favorecidos de ese diálogo que propicia la sociedad de la información en […]

  • La entrega de recursos financieros del Estado a los medios de comunicación vía publicidad e inserciones pagadas es un asunto polémico y un arma de dos filos. Si se plantea que los medios de comunicación son el cuarto poder del Estado y que los otros poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) requieren divulgar información a través de los medios, entonces el gasto en difusión resulta obligado para los gobiernos; pero si el uso o restricción del dinero de los contribuyentes fiscales se convierte en instrumento de manipulación informativa o abierta censura sobre quienes tienen la función de informar y analizar la realidad, se trastocan valores elementales de la democracia. De siempre, en México, la relación entre gobiernos y medios de comunicación invariablemente ha estado sujeta a los vaivenes del uso y abuso de los gastos de publicidad. Funcionarios en turno y grupos políticos premian o castigan a los dueños de los medios de comunicación, según el nivel de apoyo o crítica que muestren en la información difundida a la Opinión Pública. Por lo menos desde los años 70s del siglo XX, se ha dado una larga lista de medios de comunicación mexicanos sobre los que se ha ejercido censura a través de la publicidad oficial y la alternancia partidista que se acentuó a partir del año 2000 no ha evidenciado cambios sustanciales en el manejo de publicidad gubernamental. Más aún, varios periodistas denuncian que los gobiernos vinculados con la clase empresarial extienden su poder más allá del ámbito político y aplican boicots publicitarios a los medios que critican su desempeño. Esto golpea de manera especial a los medios impresos. Es bien sabido que estos atraviesan por una gran crisis causada por su dificultad para competir con los medios online, por la disminución de su público lector empobrecido por la recesión financiera global acentuada en el último año y por los recortes de las empresas en publicidad. En ese entorno, muchos diarios y revistas en México han quedado a merced de la buena o mala voluntad de los gobiernos para asignar publicidad oficial. Uno de los casos más recientes de censura basada en boicots publicitarios es la revista Forum, que publica el periodista Eduardo Ibarra Aguirre en la Ciudad de México desde hace 18 años y que a principios de Septiembre sólo apareció en su versión online ante la falta de recursos financieros para sacar a la luz su tradicional edición impresa. Desde luego, el editor y los colaboradores de Forum reclaman la discrecionalidad con la que el gobierno federal asigna recursos publicitarios a los medios de comunicación; pero también salta a la vista un dilema que debe ser discutido ampliamente, tanto por los periodistas como por la ciudadanía que exige medios de comunicación indepedientes y objetivos. En algunos países hay diarios, revistas, webzines, programas radiofónicos y de televisión patrocinados por el público bajo esquemas sin fines de lucro; pero en México, donde la cultura de la información está enraizada en un minúsculo segmento de la clase media ilustrada, actualmente en franco deterioro económico, el reto de mantener publicaciones que cumplan con una función informativa de tipo social es avasallante. Todos debemos tener presente que la crítica periodística es uno de los pilares de la democracia y es una válvula de escape y desactivación de conflictos sociales. Así que cerrar los espacios de libre expresión genera mayor animadversión contra los gobiernos censores y pone en riesgo la estabilidad democrática. La desaparición de medios impresos y su refugio en la web no resuelve problemas de fondo porque todavía hay segmentos poblacionales que no están en la red y que, sin embargo, han sido consumidores tradicionales de diarios y revistas. Aparte, resulta un severo golpe a todos los sectores productivos relacionados con la industria editorial y de las artes gráficas, que no se puede desaparecer por decreto en un entorno económico recesivo. Ante este panorama, periodistas y ciudadanos estamos obligados a encontrar nuevas estrategias de financiamiento de los medios de comunicación para evitar su desaparición por falta de dinero o la autocensura por temor a perder las fuentes de ingreso. Los Estados, por otro lado, deben reglamentar de manera clara y transparente la asignación de recursos para publicidad oficial. Artículo publicado originalmente en “Anecdotario Periodístico” de Reporteros Sin Fronteras www.silviameave.net

  • Dicen que todos tenemos una adicción morbosa y después de tantos años de andar en este mundo loco ya encontré la mía: Leer los comentarios de los presuntos lectores de notas periodísticas en la Internet, sin importar medio de comunicación, nacionalidad, tendencia política o idioma (siempre y cuando sean inglés, español, francés o italiano que son los que según recuerdo, yo entiendo). Desde luego leer comentarios es una diversión malsana en la que trato de aplicar mis modestos conocimientos de semiótica y psicología de la comunicación y algunos de los resultados que obtengo de mis análisis de contenido bien podrían venderse al mejor postor lo mismo para perfeccionar las campañas publicitarias dirigidas a los usuarios de la web, que para consolidar políticas públicas segmentadas que, en el mejor de los casos, reducirían la inconformidad ciudadana en las democracias occidentales (jajaja). En esta dinámica, me llama la atención el caso de Lucía Morett, una mexicana, estudiante universitaria, que sobrevivió en 2008 a un ataque del ejército colombiano contra un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Ecuador y que ahora presuntamente es requerida judicialmente por las autoridades de los dos países sudamericanos envueltos en el caso. Curiosamente su historia llena páginas de comentarios en varios diarios online y blogs que — en lo personal — me generan muchas dudas sobre la verdadera dimensión del incidente bélico, aparentemente de rutina, ocurrido en la frontera ecuatoriana-colombiana. Si Morett es guerrillera o quintacolumnista, eso lo deberán determinar en su momento los encargados de impartir justicia dentro de las tres naciones involucradas — Colombia, Ecuador y México –. Por ahora lo que se vislumbra, más allá de filias de Izquierdas y Derechas, es un asunto muy relevante de seguridad regional que no debería pasarse por alto, que merece un análisis serio de los expertos y, sin embargo, se pretende mantener en el más bajo perfil informativo. No obstante, pareciera ser que los lectores de noticias online sobre temas políticos en América Latina, y de manera especial los que visitan sitios mexicanos, o son agentes de la ultraderecha continental o de plano, el fundamentalismo ideológico azota a las empobrecidas clases medias de la región, lo que sería presagio de malos tiempos sociales para la post-crisis financiera global. Quizá por salud mental y vena literaria prefiero pensar que la ultraderecha continental se esfuerza por hacer nido político en la ruta México-Colombia ante el avance rojo — y no exento de fundamentalismos — de don Hugo Chávez y sus simpatizantes en toda Latinoamérica. De otra manera, el terrorismo clasemediero puede estar emparentado con las aspiraciones sin escrúpulos de los jóvenes que hoy se enrolan en el narcotráfico por dinero fácil, aunque peligroso, y que podría ponerse en cualquier momento al servicio de escuadrones privados de la muerte “anti-comunistas”. La transformación de la Opinión Pública online ultra en abierto “anti-comunismo” criminal lo visualizo como un esquema muy parecido al de Al-Qaeda: Dad a unos cuantos pobres diablos frustrados en la cotidianediad de su vida, sin oficio ni beneficio, un motivo falaz de inspiración trascendental para alcanzar la gloria o defender sus supuestas libertades, y harán el trabajo sucio y políticamente incorrecto que anhelan llevar a cabo quienes detentan el poder real en el sistema que mueve a nuestras sociedades. Si Lucía Morett es una taimada conspiradora al servicio de una guerrilla cuya historia honestamente no ayuda en absoluto a las causas de la lucha por la justicia social o si es un chivo expiatorio, está por verse; pero su caso pinta de cuerpo completo a un grupúsculo con cierto poder socio-político y económico transnacional interesado en frenar la pluralidad intelectual y democrática de la aldea global con cualquier pretexto prefabricado o espontáneo de la mano de una clase media conservadora y empobrecida, que busca desesperadamente a los culpables de la cancelación de sus aspiraciones de movilidad social. Aquí merece una mención particular el esfuerzo que hacen los “liberaexpresionistas” online de la Derecha por hacer una liga forzada entre las hasta ahora supuestas actividades guerrilleras de Morett y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) donde estudia o estudió la joven; liga que resulta tan aventurada como dar por sentado que todos los egresados del MIT o de Harvard son potencialmente ganadores de un premio Nobel de Economía, cuando lo único cierto es que la UNAM es una de las pocas instituciones autónomas y plurales del mundo que cumple una función cultural y científica que va más allá de la estructura mercantil que en que operan actualmente los Estados-Nación. ¿Por qué el afan de ligar a una presunta guerrillera con hipotéticos vicios de una universidad estereotipada como de masas, que es en realidad el primer centro de conocimiento de América Latina?… Utopía: Si bien el número de egresados de esta universidad que podrían llegar a competir o rivalizar con los más poderosos líderes globales es una cifra nano, quizá uno solo con cierta visión y capacidad subversiva en términos de creatividad, que casi siempre resulta ser más explosiva que mil bombas terroristas, bastaría para trastocar el orden mundial establecido. Y aunque considero que es casi improbable que algún miembro de la élite de la UNAM tenga interés en tomar control del mundo, como lo pretendió en su momento George W. Bush, pues ya se ha visto que por el contrario, científicos y humanistas de la institución tienden a cooperar con su conocimiento al engrandecimiento de la sociedad humana, parece que sí hay gente en los reductos del poder de la región que quiere anular cualquier posibilidad de, valga la reiteración de conceptos, “empoderar” a la institución, mediante el desprestigio de sus integrantes y egresados. De ahí que siempre sea conveniente que por un lado hayan chivos expiatorios, prefabricados o espontáneos, como Lucía Morett, y presuntos “liberaexpresionistas”, también prefabricados o espontáneos, que pretenden generar una Opinión Pública virtual pletórica de prejuicios y etiquetas que permitan la construcción de estereotipos que facilitan el control social, literalmente aquí y en China. Tan sólo en una pequeña nota del diario El Universal […]