México se asfixia en la pre-justicia que mina al Estado de Derecho, de tal modo que su soberanía y viabilidad como nación independiente están en riesgo. No hay exageración y para muestra basta lo siguiente: El mismo día en que se presentó en México un documental llamado “Presunto Culpable”, dirigido por Roberto Hernández, que pone el dedo en la llaga de la impartición de justicia en el país, volvió a los reflectores mediáticos el caso de la francesa Florence Cassez, acusada de participar en una banda de secuestradores, a quien se le negó definitivamente un amparo para purgar su condena de 60 años en alguna cárcel de su propio país.
Apenas conocida la negación de la repatriación de Cassez, la ministra de Relaciones Exteriores de Francia, Michèle Alliot-Marie, advirtió que esto “afectará las relaciones bilaterales con México” y de inmediato comenzaron las presiones contra la administración del presidente Felipe Calderón, con el boicot de algunos eventos que se realizarían a lo largo de 2011 en territorio francés para estrechar las relaciones culturales y comerciales francomexicanas, aunque especialistas consultados afirman que el asunto podría escalar, dado el temple de la canciller francesa, hoy famosa por haber sobrevolado el territorio tunecino en un avión privado mientras una revuelta popular derrocaba al ex presidente Zine El Abidine Ben Ali en Enero pasado.
La coincidencia de los dos eventos: la presentación del documental y la batalla de la cancillería francesa por la repatriación de Cassez como víctima de la injusticia en un “sistema penal corrupto”, converge en un alegato que se prevé de grandes repercusiones para el Estado Mexicano y mina los cimientos de su sistema judicial, además de restar valor a la razón de ser de la actual administración del presidente Felipe Calderón: el combate a la delincuencia, que “organizada” o no, presumiblemente ha asentado su reino en el territorio nacional a la sombra de la corrupción en las instituciones.
Enfatizo que todo es presumiblemente porque el documental antes citado narra el caso de un joven acusado falsamente de homicidio y condenado a veinte años de cárcel; pero que gracias a los creadores del documental, estudiantes de Derecho, fue exculpado y liberado al demostrarse su inocencia. Y es a esta misma línea argumental a la que recurre el gobierno de Francia en la búsqueda de la repatriación de su ciudadana Florence Cassez, todo porque hay indicios de que su presentación pública después de que fue detenida, fue un montaje para la televisión, aunque desde el punto de vista jurídico esto no modificaría la investigación y el proceso judicial que la han llevado a la cárcel.
Es bien sabido que en México hay decenas o quizá centenas de historias de juicios torcidos, lo que es extremadamente grave. Sin embargo, no hay información fidedigna que permita establecer qué porcentaje de casos revisados por el Poder Judicial presentan irregularidades de tal magnitud que echen por tierra la validez de los procesos ni las sentencias y cuál es el nivel real de permeabilidad judicial a la corrupción.
No obstante, la imagen pútrida de la impartición de la justicia en México, a partir de casos individuales magnificados por los medios de comunicación, es un hecho; y los ciudadanos no tenemos los elementos para determinar si son norma o excepción porque se ha llegado al punto de la duda absoluta y quizá razonable debido a que las instituciones del Estado, desde las fiscalías hasta los jueces, manejan tanto la información pública de los casos como de su propio trabajo jurídico sin reglas éticas y de transparencia definidas.
Esto hace que cualquier persona o entidad, sean particulares, medios de comunicación, partidos, grupos de poder o incluso gobiernos extranjeros, puedan atribuirse el derecho de acceder a la información de los casos y utilizarla de acuerdo con sus intereses, en una suerte de pre-justicia por la cual quienes manipulan la información dictan sentencias antes que lo hagan los jueces por la vía legal.
Vale mencionar que Florence Cassez, estando sentenciada por las leyes mexicanas como secuestradora y torturadora, tiene un sitio oficial y una cuenta de Twitter, patrocinados desde Francia por una denominada ”Asociación Florence Inocente” que, evidentemente tiene el objetivo de inflamar el espíritu patrótico de los franceses con el lema del caso Cassez: “Su liberación es una causa nacional”, aunque de paso exhibe a las instituciones judiciales mexicanas como fábrica de criminales inocentes y a México como un país que no respeta garantías individuales ni convenciones internacionales, luego de la fallida invocación del gobierno francés al Convenio de Estrasburgo, relacionado con la transferencia de personas sentenciadas.
¿No es acaso un delito que un delincuente sentenciado por un crimen gravísimo como el secuestro pueda hacerse promoción mediática para revertir la decisión de un juez, sin seguir el procedimiento judicial para apelaciones, que corresponde en el marco legal?
Por supuesto, casos como el presentado por el documental “Presunto Culpable” o la polémica binacional desatada sobre el de Florence Cassez, demuestran que la impartición de la justicia en México requiere urgentemente de una reforma que permita procesos expeditos y transparentes desde el momento en que se inicia la investigación de un delito para que al detenerse a un presunto criminal, no haya duda de su participación en los delitos que se le imputen y los jueces tengan los elementos para emitir sus sentencias. Y no sólo por la aberración que implica cualquier tipo de injusticia, sino también porque cada vez es más común en México que, invocando la democracia y los derechos humanos, la impartición de justicia se politice o, peor aún, se mediatice, induciendo a la Opinión Pública a se convierta en juez a priori, lo que deriva inevitablemente en que el Estado de Derecho se deteriore con cada sentencia que se dicta bajo duda o sospecha.
El sistema judicial mexicano está indefenso frente a la pre-justicia que pretenden aplicar quienes manipulan la información relacionada con los delitos y sus presuntos protagonistas, lo que resulta ser caldo de cultivo idóneo para que cualquier grupo de poder, legal o ilegal, interno o externo, aseste en cualquier momento un golpe de timón contra el gobierno federal o los gobiernos estatales y locales, incluso con mentiras.
Especialistas en temas jurídicos dicen que, en el mejor de los casos, el vedettismo de funcionarios públicos que pretenden demostrar que son eficientes, los lleva a cometer pifias que socavan la credibilidad y el control institucional de la impartición de justicia. En el peor, la honestidad de los funcionarios está en entredicho.
Las deficiencias en la impartición de justicia en México podrían ser un pretexto para que Francia, Estados Unidos o las propias mafias decidieran intervenir en cualquier momento para “poner orden” en territorio mexicano, en defensa de sus intereses particulares. Así de grave. <<>>
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